Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) se preparan este lunes para dar comienzo una nueva etapa con la implementación de las nuevas reglas fiscales. Tras cuatro años en los que han podido desarrollar sus políticas sin restricciones de déficit y deuda, los países miembro deberán ajustarse a las nuevas normas mientras intentan sanear sus cuentas de ahora en adelante. El 11 de febrero los titulares de Finanzas de la región se reunirán para mantener un debate en torno a la política fiscal en la zona euro para el año 2025, el primero en el que se verán obligados a cumplir con las nuevas reglas, ya que esperan que estas entren en vigor en mayo.
A pesar de que la Eurozona logró evitar la recesión técnica en 2023, que amenazó la economía comunitaria durante los últimos meses del año, el crecimiento se vio significativamente reducido hasta el 0,4% frente al 3,4% anual de 2022. La diferencia es aun mayor con la tasa marcada en 2021, que alcanzó el 6%.
Las últimas previsiones de la Comisión Europea apuntan a una aceleración de la actividad en la segunda mitad del año que previsiblemente estará acompañada de las primeras bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE), a medida que la inflación se acerca al objetivo del 2%. Aunque reconocen que es «un reto» porque esta fase también requerirá de inversiones en las transiciones verde y digital, fuentes comunitarias asumen que «el año que viene será el momento de la consolidación fiscal», aunque remarcan que «algunos Estados miembros tendrán que dar esfuerzo de consolidación más ambicioso que otros».
«Está clara la necesidad de reconstruir colchones presupuestarios», subraya un alto funcionario, para quien esta orientación de la política fiscal no es «controvertida» puesto que ya se daba por segura desde hace meses. La base para que los socios del euro preparen sus presupuestos de 2025 será el nuevo marco fiscal. Aunque los gobiernos de la moneda común valoraron la posibilidad de retrasar un año su aplicación, finalmente concluyeron que «sería extraño aplazarlo después de tanto debate».
El calendario que se maneja en la capital europea pasa por que las nuevas reglas sean votadas en abril y entren formalmente en vigor en mayo. Esto obligará a los gobiernos a enviar a Bruselas para el 20 de septiembre sus planes de reducción de déficit y deuda con un horizonte temporal de 4 años o 7 si se comprometen a realizar una serie de reformas e inversiones.
En el caso de los países que, como España, tienen un déficit público superior al 3% que marca el Tratado, las sendas presupuestarias tendrán que estar basadas en una «trayectoria técnica» propuesta por la Comisión Europea. Como hasta ahora, los Estados miembros tendrán después que remitir antes del 15 de octubre sus borradores presupuestarios de 2025 al Ejecutivo comunitario, que tendrá un mes para evaluarlos. Además, y ya acompañados de los países que no tienen el euro, los ministros de Finanzas debatirán sobre los próximos pasos para completar la Unión para el Mercado de Capitales, continuando con los debates que ya tuvieron en su reunión de febrero en Gante (Bélgica). Los socios europeos tienen previsto adoptar una declaración que «identifique» medidas que generan mayor consenso en todas las capitales para que la Comisión Europea que se forme tras las elecciones de junio pueda incluirlas en su programa de los próximos cinco años.
Los aspectos más controvertidos del proyecto, apuntan las fuentes, son los relativos a la supervisión centralizada, la titulización de activos y la reducción de la carga burocrática y el debate tendrá lugar pocas semanas después de que el galo Bruno Le Maire lanzara la idea de avanzar en grupos pequeños si no es posible que los Veintisiete se pongan de acuerdo.
