No en vano, el jurista ya se había pronunciado sobre el posible borrado penal del procés –en los informes sobre los indultos de los líderes separatistas catalanes condenados por el Supremo– anticipando que la amnistía era «inconstitucional».
Un posicionamiento éste, público y notorio, que el juez Campo ha considerado incompatible con su misión de intervenir en una causa planteada contra el nuevo texto legal registrado por el PSOE en el Congreso. De ahí una renuncia que, con toda probabilidad, anticipa el escenario en el que la Corte de Garantías tendrá que resolver las futuras impugnaciones contra la ley de amnistía pactada entre Sánchez, Junts y ERC y que reducirá en uno los miembros del Pleno pasando de once a diez.
Cabe recordar que, aunque la renuncia del exministro socialista queda circunscrita en el marco de un recurso concreto, el órgano de Garantías, presidido por Conde-Pumpido ha recibido una segunda petición de amparo, de otro particular, también con motivo de la futura amnistía, donde ya se plantean, de manera explícita, las recusaciones contra el propio Campo, Laura Díez y el presidente del Pleno.
Las recusaciones contra Campo y Díez en temas relacionados con el actual Gobierno han sido una constante, para la mayor parte de los asuntos e iniciativas legislativas, en especial los decretos-ley, aprobados por el Ejecutivo socialista, por cuanto ambos magistrados se incorporaron al Tribunal como cuota política designada por el mismo, en la última renovación. Campo, directamente desde el Departamento de Justicia y Díez, tras ejercer como alto cargo de la Moncloa, en el gabinete de Presidencia, de la mano del actual titular de la cartera, Bolaños.
Además, se da la circunstancia de que Laura Díez fue jurista de cabecera de la Generalitat catalana donde asesoró al Govern para la redacción de la norma autonómica que está permitiendo a la Administración separatista puentear la sentencia firme del Supremo que obliga a impartir, como mínimo, el 25% de las clases de la formación escolar obligatoria en español.
En cuanto al presidente del Constitucional, Conde-Pumpido, ya en 2021 se vio obligado a abstenerse de todos los asuntos vinculados al procés después de que los líderes independentistas le recusaran al estimar que no era «neutral» ni «imparcial» por una conferencia celebrada en noviembre de 2017 donde dio su opinión al respecto sobre la causa especial del Supremo y en relación a las condenas impuestas a cada uno de ellos.
Entonces, el hoy presidente del TC manifestó su «preocupación» por los hechos que se estaban produciendo en Cataluña y los calificó de «pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia».
