En efecto, Blasket ha activado la llamada cláusula de «default» en cuatro emisiones de deuda públicas española en los mercados internacionales por valor de unos 910 millones de euros. Eso implica, según fuentes próximas a este fondo de EEUU, que «estos títulos de deuda pública deben ser reembolsados inmediatamente a los acreedores por su importe principal, junto con los intereses devengados».
Blasket ha ido comprado en el mercado bonos del Estado español en los que está vigente la cláusula de «evento de impago» que permite a su tenedor a invocarla para protegerse de una deuda que no logra cobrar. Es su caso, asegura Blasket, tras ganar un laudo arbitral a España por el recorte de primas a renovables y que el Estado se ha resistido a pagar. Es el mismo fondo que ya activó el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres y de una agencia de la Generalitat de Cataluña en la capital británica. Lo ha notificado ya al Ministerio que dirige Nadia Calviño.
Para ejecutarlas, se activa la claúsula prevista para el caso en que Estado «incumple en el pago debido y puntual del principal, de la prima, del pago anticipado (si lo hubiere) o de los intereses de cualquier deuda de, asumida o garantizada por España, en el momento en que dicha deuda venza y el incumplimiento continúe más allá del periodo de gracia aplicable a la operación en cuestión». La forma de desbloquear estas emisiones es un pago a Blasket, que con una deuda pendiente superior a 200 millones.
España se niega a pagar hasta ahora por no considerarse con obligación legal de responder a este tipo de deudas y dice contar con respaldo de la Comisión Europea.
Los laudos internacionales emitidos por el CIADI -tribunal internacional de arbitraje- y vinculados al recorte con efectos retroactivos de los incentivos a la inversión en energía renovable han generado unas obligaciones de 1.175 millones de euros que no han sido cumplidas con las empresas e inversores afectados. Por eso están recurriendo a jurisdicciones en países de fuera de la Unión Europea como Reino Unido, EEUU o Australia. En EEUU la Abogacía del Estado ha logrado algunas victorias, pero en los otros dos países no ha podido hasta ahora imponerse.
El origen de esta montaña se remonta al régimen de primas ofrecida por el Gobierno Zapatero que generó tal desequilibrio que el ministro de Industria y Energía de la época, Miguel Sebastián, intentó recortar y, sobre todo, el Ejecutivo siguiente de Mariano Rajoy, con un tijeretezo retroactivo que provocó una lluvia de pleitos de fondos extranjeros que alegaron inseguridad jurídica. En casos como Blasket, heredero de Infrared, con éxito. El Gobierno de Sánchez intentó atraer a los fondos con una fórmula de extender hasta 2031 las primas, pero fue una operación fallida y después ha seguido la línea de no atender pagos a los que han logrado ganar laudos.
