En 2022 la entidad estatal ha liquidado el esquema de protección de activos (EPA) que otorgó a CaixaBank cuando la entidad se hizo con el banco de Valencia para rescatarlo de la quiebra. Se trata de unas garantías sobre una cartera de activos tóxicos para la que el FROB estimó (y provisionó) 600 millones de euros de pérdidas y que finalmente se ha saldado con pagos por 206 millones, según refleja la entidad en su memoria anual.
A finales de 2011, el Banco de España ordenó la intervención de Banco de Valencia debido a su incapacidad para adoptar las medidas necesarias que asegurasen su viabilidad. La entidad valenciana venía acusando problemas de liquidez y solvencia debido a la apuesta por negocios de riesgo vinculados al sector inmobiliario. Ante las dificultades para atender a sus obligaciones a corto plazo y para evitar una posible fuga de capitales por parte de los depositantes, el Banco de España decidió intervenir.
Se trata de un resultado favorable para las cuentas públicas, ya que el organismo estatal ha liberado en estos diez años 400 millones de euros en provisiones. “Este resultado demuestra la utilidad de estos instrumentos como medida de apoyo en la gestión de crisis, utilidad que se ha visto favorecida por la excelente gestión y colaboración del comprador, CaixaBank”, valora Paula Conthe, presidenta del FROB, en un comunicado.
Más allá de los 400 millones que el FROB ha podido liberar en provisiones, el Estado todavía puede recuperar parte de las ayudas públicas a través de las desinversiones en CaixaBank, ya que se trata de su segundo mayor accionista con el 17,3% del capital.
