Más en concreto, el Estado elevó el gasto destinado a su plantilla eventual, los más conocidos como asesores nombrados a dedo, un 65% desde 2019 hasta el pasado semestre. Así, lo reflejan los datos de la Intervención General del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que permiten hacer la comparación entre el enero-junio de 2024, último periodo contable cerrado, e idéntico tramo de los años anteriores. En términos absolutos, los seis meses transcurridos del presente ejercicio, bastaron para que los ministerios desembolsaran más de 41 millones destinados a la plantilla de sus colaboradores de máxima confianza. En 2019 esa cifra no llegaba a los 25 millones y nunca antes había rebasado los 40 millones en la primera mitad del año, lo que abre la puerta, extrapolando la estadística de ejercicios anteriores, a que se bata un récord en esta rúbrica en el cierre del año, superando con creces los 55 millones en el conjunto de 2024.
Su cometido más frecuente se identifica con el asesoramiento de los ministros, los secretarios de Estado y también del equipo más cercano al presidente Sánchez. A la hora de desempeñar esta función no tienen que pasar un proceso de selección estipulado semejante a las oposiciones a las que los funcionarios se han sometido antes de lograr su plaza, ya que se trata de personal de confianza. Su proliferación contrasta también con la evolución que presentan los emolumentos destinados a los demás capítulos que integran la plantilla al servicio de la Administración estatal. El avance promedio de todos estos apartados se sitúa en el entorno del 3,5% y el incremento que corresponde a los funcionarios de carrera se situó incluso por debajo de ese nivel en algunos periodos especialmente críticos, como el comprendido entre los años 2020 y 2021.
La subida fue mayor para el personal laboral, pero tampoco en este caso (con crecimientos cercanos o ligeramente superiores al 4%) se iguala el avance de dos dígitos del que se beneficiaron los asesores de los ministerios o el personal de los puestos identificados como de «relaciones sociales» en los mencionados departamentos.
A la hora de buscar causas para este comportamiento tan dispar, las fuentes sindicales consultadas apuntan a que necesariamente tuvo que influir la incorporación masiva «de muchos asesores en poco tiempo» debido a que el actual Ejecutivo se configuró a principios de 2020 y, a renglón seguido, tuvo que hacer frente a la epidemia del coronavirus.
La emergencia sanitaria concluyó, pero, muy poco después, surgió otra alarma de muy distinta índole, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la crisis inflacionaria que trajo aparejada, lo que planteó «retos muy diferentes al Covid y exigió el refuerzo de la plantilla de asesores, con profesionales con otras competencias», siempre según fuentes sindicales con amplia representación en el sector público. Esas mismas fuentes aseguran que «no todo tiene por qué ser incremento de plantilla» y también debe tenerse en cuenta que la masa salarial crece debido al abono de remuneraciones extraordinarias «ligado a la evolución de la productividad o del rendimiento de cada trabajador».
Con todo, la gran envergadura del equipo de asesores del que dispone el actual Ejecutivo de coalición ha sido motivo de polémica desde el momento mismo de su conformación y esa situación se mantuvo en el inicio de la presente legislatura, comenzada hace ahora justo un año con la conformación del Congreso de los Diputados y, en el otoño posterior, la nueva investidura del presidente Pedro Sánchez.
El total de personal de designación por criterios políticos (altos cargos más las personas de su confianza que los rodean) se sitúa, según los datos más actualizados, hasta finales del año 2023, en 1.626 personas –por encima de las 1.500 de 2021– lo que implica casi 500 profesionales más de los que conformaban la plantilla del Gabinete del expresidente Mariano Rajoy y de todo su equipo de ministros. En el caso específico del personal asesor no es fácil seguir su rastro más allá de esas cifras, pese a la existencia del Portal de Transparencia. La situación se complica considerando que su presencia no se limite a la Administración estatal, ya que también se encuentran presentes en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, y hay dificultades para encontrar cifras homologables entre los tres niveles del sector público.
Cálculos oficiosos llegaron a hablar de una plantilla total de 20.000 personas empleadas en este tipo de funciones en el conjunto de las Administraciones. La situación, sin embargo, puede presentar importantes variaciones, al alza o a la baja, tras la conformación de nuevos Gobiernos autonómicos después de las elecciones de mayo de 2023 y los comicios vascos y catalanes que tuvieron lugar en este mismo año.
