El analista, ha analizado para la Fundació CaixaBank los últimos datos disponibles sin tener en cuenta el periodo de la covid. Son datos del 2018 y 2019 y muestran que España se situaba en los últimos puestos del ranking de países europeos con un gasto público social equivalente al 23% del PIB. Levy explica que en los años de la pandemia se dio un fuerte crecimiento gracias a la irrupción de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo), cuyo peso creció hasta el 30% en el 2020 y al 28,1% en el 2021. “Los años de la covid fueron excepcionales y en cambio los del 2018 y 2019 del estudio muestran el escenario normal”, explica Levy. En esos años se ve que “las prestaciones económicas contributivas (por ejemplo, pensiones y prestaciones por desempleo) constituyen el 64% del gasto social total en España, mientras que en la UE esta proporción es del 52%”, reza el informe.
Levy reflexiona que “el sistema contributivo tiene su lógica pero el problema es qué pasa con la gente que no puede contribuir”. En España si un trabajador tiene un sueldo alto, en el momento en el que se jubila tendrá una pensión elevada. Eso provoca que la parte del pastel que se llevan esas rentas altas del montante global de gasto social sea más elevado.
Sobre el impacto que puede tener en las estadísticas futuras el IMV puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, el analista de la OCDE recuerda que es un mecanismo que todavía no se ha desplegado en su plenitud y no ha llegado a todos los potenciales beneficiarios. En cualquier caso, el trabajo defiende que “sería necesario acometer reformas estructurales para lograr una reducción real de la desigualdad, ya que los pequeños incrementos en las políticas de impuestos y prestaciones solo tendrían un efecto limitado en la redistribución de ingresos”.
El modelo es muy claro en cuanto a la distribución de los recursos. El informe precisa que las políticas en España “al haber sido diseñadas pensando en los trabajadores con historiales laborales estándar y estables, es posible que las prestaciones contributivas no protejan adecuadamente a los grupos vulnerables, como las personas sin empleo y los trabajadores que no tienen un trabajo estándar”.
Levy añade que las prestaciones no siempre deben ser monetarias y enumera una serie de políticas sociales que podrían beneficiar a colectivos vulnerables como los citados de las mujeres, los jóvenes y los niños. En este capítulo destaca la potenciación de los programas de formación profesional (FP) para los jóvenes o la facilitación del acceso a las guarderías para las familias.
El gasto social en España en relación con la renta disponible era inferior a las medias de la UE antes de la pandemia
Antes de la pandemia, el gasto social en España en relación con la renta disponible era inferior a las ratios medias de la UE en el caso de los niños (en un 38%), los jóvenes (en un 45%) y las mujeres (en un 16%), según el informe.
Sobre las medidas tomadas durante la crisis de la pandemia se destaca que “las políticas aplicadas para mitigar las consecuencias económicas han resultado eficaces para luchar contra la desigualdad a corto plazo. Pero es posible que los efectos regresivos de la crisis en el mercado laboral perduren a largo plazo si posteriormente no se adoptan medidas adecuadas”.
