Así lo anunció la vicepresidenta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde incidió en que este ‘techo de gasto’ es “el mismo” que el aprobado en el mes de julio, que fue tumbado en el Congreso por PP, Vox y Junts. Montero subrayó que si el PP vuelve a votar en contra, “obligará a comunidades autónomas y ayuntamientos a realizar un ajuste presupuestario en dos años de 11.550 millones”, lo que les impedirá tener una mayor capacidad de gasto. Según señalo, con la senda anterior las regiones tendrán que hacer un ajuste de “6.600 millones en los dos próximos años” y las entidades locales de “4.950 millones” en el mismo periodo de tiempo.
Además, aseguró que el Gobierno va a presentar los Presupuestos de 2025 “ya sea con la senda aprobada hoy o con la anterior senda que estaría vigente en ausencia de esta aprobación”. “Esto significa que lo mismo tienen que hacer comunidades y ayuntamientos”, añadió, ya que “si no pueden aprobar sus números con estos nuevos datos, tendrán que formular sus presupuestos con la senda anterior”.
La cuantía del ‘techo de gasto’ sin los fondos europeos sería de 195.353 millones de euros, lo que supone un incremento de 6.138 millones, un 3,2% por encima de la anterior. En cuanto a la senda de déficit, que tampoco varía respecto a la aprobada hace dos meses, se prevé que el déficit de todas las administraciones públicas sea cercano al 3% este año, del 2,5% para 2025, y que baje al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027.La administración central tendrá un déficit del 2,2% en 2025, mientras que las comunidades autónomas podrán alcanzar un desfase del 0,1% y los ayuntamientos deberán cerrar con equilibrio presupuestario. Para 2026 y 2027, las comunidades y los ayuntamientos mantendrán sus objetivos, mientras que la administración central bajará su déficit al 1,8% y 1,5%, respectivamente. En el caso de la Seguridad Social, para este subsector se espera un déficit de dos décimas durante estos tres años.
Ante la previsible situación de que el Senado pueda rechazar la senda de estabilidad con la mayoría absoluta del PP si supera en esta ocasión el trámite en el Congreso, el Gobierno aprobó también en julio levantar la capacidad de veto a la Cámara Alta y lo hizo a través de una enmienda en la Ley de Paridad. De esta manera, los objetivos de déficit necesitarán el voto favorable del Congreso y, ante el posterior veto del Senado, volverá a la Cámara Baja para su aprobación final.
Por lo que se refiere al cupo catalán, Montero ha asegurado que cumplirán «íntegramente» el pacto y, al ser cuestionada sobre el calendario, respondió que no depende únicamente del Gobierno Central sino de la Generalitat y su «capacidad de absorber y de asumir las tareas que se contemplan dentro del propio acuerdo», apunta. La número dos del Ejecutivo señala además que tienen previstas reuniones con el Ejecutivo catalán para fijar su «disponibilidad» a la hora de asumir esas «nuevas tareas que les corresponden» según fija el pacto firmado entre el PSOE y los republicanos. Además, ha pedido aplicar «una mirada distinta» sobre la financiación de comunidades autónomas y sobre el acuerdo suscrito con ERC, que el Gobierno todavía no ha explicado al detalle. Así, ha pedido que les dejen trabajar y ha reiterado que tienen por delante reuniones con la Generalitat para desplegar la aplicación del acuerdo.
Montero también ha cargado contra el Partido Popular al señalar que «ojalá» se quisieran sentar a hablar sobre financiación autonómica y ha tildado de «ocurrencia» la propuesta presentada por los de Núñez Feijóo para que 18.000 millones del plan de recuperación se transfieran a las CCAA «a fondo perdido», según ha criticado la ministra. «No sé si es ignorancia o si es que intentan engañar a alguien, pero saben ustedes perfectamente que el dinero del fondo de recuperación está vinculado al impulso de reforma. No lo puede uno gastar en lo que uno quiere, como quiere, a fondo perdido», ha reprochado Montero que considera «un despropósito» la propuesta. Finalmente ha puesto en duda que el PP quiera llevar a cabo una reforma del sistema de financiación y considera que su posición lleva al «inmovilismo» porque, añade, «no tiene liderazgo en los territorios donde gobierna». Por tanto considera «obligatorio» que el Gobierno «intente explorar miradas que permitan el avance».
