La reestructuración de Celsa ha entrado de lleno en lo político, justo lo que querían evitar los fondos. Los acreedores obtuvieron el lunes una gran victoria sobre la familia Rubiralta, los fundadores y dueños de Celsa. El juez avaló su plan de reestructuración, que suponía una quita y una refinanciación de la deuda a cambio de que estos acreedores –capitaneados por Deutsche Bank, Anchorage, Capital Group y Attesor Capital, entre otros– tomasen el 100% del capital, desplazando a los Rubiralta.
La reestructuración, sin embargo, está aún pendiente de un último fleco por cerrar, la autorización del Consejo de Ministros. El Ejecutivo tiene la potestad de autorizar o rechazar la toma de más de un 10% de empresas estratégicas por parte de inversores extranjeros. Al tratarse Celsa de una compañía no cotizada, esta petición de autorización solo aplica a los inversores de fuera de la UE que tomen más del 10% del capital.
Los acreedores no tienen claro si la norma les permite eludir este trámite. Se citaron a una cumbre ayer en la que plantear la hoja de ruta hasta que la decisión del juez se haga efectiva. Fuentes próximas confirman que han mantenido intensas negociaciones con los fondos durante los últimos meses precisamente para intentar allanar la autorización gubernamental. Entre las alternativas que han manejado está incorporar a un socio español de pedigrí que blinde la españolidad de la compañía o que los inversores no comunitarios cedan parte de su deuda a los europeos, de modo que se queden con menos del 10% y puedan burlar así el escudo antiopas.
El Gobierno ha salido al paso para intentar taponar esta vía. En su opinión no hay nada que analizar, el Consejo de Ministros debe tener la última palabra sobre la reestructuración. Fuentes del Ministerio de Industria, han indicado que el Ejecutivo tiene previsto negociar con los nuevos propietarios de Celsa para garantizar la viabilidad futura de la empresa, así como el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y su continuidad en España, y confirma que esta operación necesita la autorización del Consejo de Ministros. Fuentes del Ministerio de Industria no han respondido a las preguntas de este periódico.
También la Generalitat ha querido opinar. La portavoz del Govern, Plaja, ha afirmado que el Ejecutivo catalán trabajará para “garantizar la integridad del proyecto y también el mantenimiento de los puestos de trabajo” de la compañía con su centro neurálgico en la planta de Castellbisbal (Barcelona). Los fondos ya han afirmado que sus planes pasan por mantener los más de 7.000 empleos y el centro de decisión en España.
