En efecto, el Gobierno solicitará este miércoles el cuarto pago de los fondos europeos que asciende a 10.000 millones de euros. Así lo ha confirmado el Ministro Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. España tenía pendiente la solicitud de este pago, por no haber terminado de aprobar todas las reformas vinculadas al desembolso, pero el Ejecutivo ha culminado este martes el cumplimiento de los compromisos e hitos cerrados con Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ligados al pago. La reforma del subsidio de paro y las diferentes medidas agrupadas en el decreto de medidas urgentes en materia de Justicia (proyecto de ley eficiencia digital, eficiencia procesal, proyecto de ley de función pública y de mecenazgo) debían ser aprobadas antes del 31 de diciembre para cumplir con los plazos pactados con la Comisión Europea, por lo que el Gobierno consigue así sacar adelante el cúmulo de reformas en el plazo pactado por Economía en la negociación de la adenda al mismo plan.
La tercera de las reformas del paquete presentado por Félix Bolaños ha sido objeto de largas negociaciones con los representantes sindicales, dado que el proyecto de ley de Función Pública introduce la evaluación del desempeño de los funcionarios. Un borrador al que el Gobierno ya había dado luz verde el pasado mes de marzo y que sin embargo, decayó en la tramitación parlamentaria con la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio. En su momento, la falta de concreción sobre cómo esto se iba a llevar a cabo llevó a CSIF, el principal sindicato del sector público como papel mojado y este martes, el ministro de Presidencia no ha aportado más detalles al respecto.
«Se refuerza la evaluación del desempeño de todos los empleados públicos y funcionarios» ha afirmado el ministro socialista, quien ha explicado que servirá para valorar la conducta, desempeño y el cumplimiento de objetivos de los trabajadores públicos. Además, el texto incorpora la promoción horizontal por la que se permitirá la movilidad entre departamentos «por tramos» y regula la figura de los directivos públicos en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) -los que tienen rango de director general- pero también los que cuentan con este cargo en las empresas públicas.
