Como se sabe, el hermano de Sánchez, tiene abierta una
causa en un juzgado de Bajados por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. En concreto, en la proposición no de ley se insta al Gobierno a «renunciar a indultar a algún miembro del Gobierno o a cualquier persona de su entorno familiar ante una eventual condena por fraude fiscal, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra la Hacienda Pública».
En su iniciativa parlamentaria, el PP señala que el hermano de Sánchez habría incurrido en «prácticas fiscales fraudulentas» según lo publicado por medios de comunicación. «A pesar de cobrar de la Diputación de Bajadoz dice residir en Portugal, para no pagar impuestos en España. Es incapaz de justificar con sus ingresos un incremento patrimonial de varios millones de euros desde la pandemia. Hay indicios de relación con la trama PSOE de las mascarillas que, casualmente, operaba en el municipio portugués donde dice residir».
Para el partido Popular, ante ese «pleno» de presuntas irregularidades y supuesto fraude fiscal es necesario revisar y reforzar los controles de la Agencia Tributaria. La proposición no de ley, firmada por el portavoz parlamentario del PP, Tellado, busca también que el Gobierno adopte cuantas medidas sean necesarias para que la Hacienda Pública recupere íntegramente las cantidades supuestamente defraudadas.
Y a revisar las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2024 de la Dirección General de la Agencia Tributaria para reforzar las medidas para combatir el fraude fiscal.
En concreto, indica, de quienes sitúan ficticiamente su residencia en otros territorios de baja tributación y de aquellos contribuyentes cuyos signos externos de riqueza, de patrimonio, de rentabilidad o de información financiera sean incoherentes o inconsistentes con respecto a las rentas declaradas. De hecho, el PP tiene pedida la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda Montero, para que explique al Congreso «qué medidas piensa adoptar para luchar contra el fraude fiscal de quienes trabajan para la administración pública y sin embargo declaran residir en el extranjero para eludir el pago de impuestos».
