En efecto, tras los acuerdos con todos los socios, el nuevo impuesto fue votado y aprobado en el Congreso el 21 de noviembre, por lo que en estos momentos se encuentra en tramitación en el Senado, con el límite del 18 de diciembre para devolverlo a la Cámara Baja. Todas estas prisas y maniobras provocaron que, muy hábilmente el gobierno ignorase la consulta obligatoria al Banco Central Europeo para conocer su opinión sobre la reforma, asi que en estos momentos la maniobra se enfrenta a un posible recurso del banco central que podría llevar a los magistrados comunitarios a suspender la tasa financiera.
La apelación en tiempo y forma al banco central, en cuestiones que afectan directamente a sus competencias, es una obligación recogida en el Tratado de Funcionamiento de los 27 que se desarrolló en la decisión 98/415 del Consejo de la Unión Europea, en el que se establece que los países deben consultar al BCE sobre «cualquier proyecto legal que entre en el ámbito de sus competencias». En concreto, detalla que la consulta se deberá producir siempre que afecte a las «normas aplicables a las entidades financieras, siempre que influyan significativamente en la estabilidad de las entidades y los mercados financieros», un requisito que cumpliría la nueva tasa, como advirtió el vicepresidente del supervisor europeo, de Guindos, recientemente. También es algo que tienen presente los legisladores, ya que han incluido una deducción del impuesto en el caso de que las entidades vean comprometida su rentabilidad por tener que abonar esta cuota.
Tal y como figura en el escrito publicado por el Senado, la Mesa del Congreso de los Diputados tomó la decisión de pedir al Banco de España que trasladara esta solicitud al BCE cinco días después de que fuera impulsado por el hemiciclo, el 26 de noviembre y registrado por la Cámara Alta el jueves 28. Fuentes del ente emisor señalan que han recibido la petición de Escrivá y ya trabajan en el dictamen, sin que se les haya impuesto ninguna fecha límite por parte de España.
En definitiva, las prisas para lograr el apoyo de los grupos en otros temas como los PGE que urgen a Sánchez, puede terminar en l la anulación o al menos, suspensión del impuesto, hasta que se adoptaran las medidas dictadas, en su caso, por el TJUE y que se presume, coincidirían con la postura expresada por el Banco Central Europeo en el informe que los parlamentarios no podrán tener en cuenta antes de aprobar definitivamente el nuevo impuesto. El mismo Tribunal suspendió, aunque por motivos diferentes, en el mes de mayo el tramo autonómico del impuesto especial sobre los hidrocarburos que aprobó el anterior titular de Hacienda, Montoro. El TJUE calificó como ilegal este apartado y señaló que la legislación comunitaria se oponía a que la legislación nacional diera libertada a las regiones para establecer tipos diferentes para un mismo producto y función, lo que obligó a devolver 6.500 millones de euros.
