En efecto, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) encargado de la investigación que, hasta la fecha, se ha dirigido contra la titular del Ministerio Público en la provincia de Madrid, Pilar Rodríguez y el fiscal especialista en delitos económicos Julián Salto, ha elevado una exposición motivada al Supremo. Además, para este último, el juez Goyena decreta el sobreseimiento libre y, por tanto, el archivo de las diligencias.
Goyena Salgado recoge cómo «parte» de los contenidos recogidos en la comunicación de la polémica habían sido divulgados «por algunos medios de comunicación» horas antes de la nota de la Fiscalía, ésta «se corresponde, fielmente, con datos e informaciones obrantes en los correos electrónicos mantenidos entre el querellado D. Julián Salto Torres y el letrado de D. Alberto González Amador, en relación a una denuncia formulada por la AEAT y remitida a la Sección de Delitos económicos de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, de la que formaba parte el citado querellado, y que, al parecer dio lugar a la formulación de una denuncia por un posible delito contra la Hacienda Pública».
«Los datos e informaciones que se divulgan formaban hasta ese momento parte de las actuaciones preprocesales que llevaba a cabo la Fiscalía dentro de sus competencias orgánicas, en trámite reservado desde hacía tiempo y pendientes todavía del desenlace procesal que pudiera tener la actividad investigadora del Ministerio fiscal», afea el juez.
Quien argumenta cómo «la elaboración, publicación y difusión de la expresada Nota excedió del ámbito de decisión de la Fiscalía provincial de Madrid» y, «más allá de esto, contó con el explícito consentimiento e indicaciones, incluso con el apremio, de la Fiscalía General del Estado».
Desde ahora en adelante, si la Sala Segunda de lo Penal se declara competente para proseguir con la instrucción, el Alto Tribunal se encargará de analizar las pesquisas que señalan al titular de la Institución, Álvaro García Ortiz, como «responsable» último de la nota de prensa en la que se publicó información protegida del empresario madrileño.
Y es que, hasta la fecha, y desde que la fiscal jefe superior de Madrid, Lastra apuntase ante el juez cómo se negó a cumplir las indicaciones que recibió de su superior jerárquico, a través de un mensaje de Whatsapp, todos los testimonios e indicios han contribuido en estrechar una y otra vez el cerco sobre García Ortiz. No en vano, cabe recordar cómo tanto el querellante como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) pidieron al instructor dirigirse contra el titular de la Fiscalía que, como aforado, sólo puede ser investigado por el Supremo.
