Peinado está llevando a cabo el mismo modus operandi contra Marta Castro y Javier María Pérez-Roldán, representantes de Vox y el grupo ultracatólico Hazte Oír respectivamente, también por las breves manifestaciones a los medios de comunicación después de algunos momentos clave para el devenir del juicio, a pesar de que en el transcurso de la investigación se están produciendo filtraciones constantemente.
Un ejemplo de la forma de proceder del juez data del pasado 18 de diciembre, primera vez en la que declara Begoña Gómez, dado que antes la esposa de Sánchez se había amparado en su derecho a no responder las cuestiones. Como consecuencia de unas pequeñas manifestaciones de las partes, según refleja una resolución dictada el pasado 13 de enero a la que ha tenido acceso El País, el juez ordena a Atresmedia, RTVE y Telecinco que le envíen una “copia de las grabaciones” que “fueran emitidas y que contuvieran declaraciones” de estas tres personas. Además, pide que los letrados decir si “realizaron declaraciones a medios de comunicación sobre el contenido de lo acontecido en sede judicial” en aquella primera jornada en la que habló Gómez.
Como era de esperar, el momento tuvo una enorme repercusión mediática, con decenas de medios de comunicación que esperaban a la puerta del juzgado, lo que provocó que a los letrados, cuando salieron de sede judicial, les esperaran varios profesionales para hacerles preguntas a las que éstos respondieron de manera muy escueta. De hecho, Camacho se limitó a exponer la posición de su clienta, negando los delitos que se les atribuye, mientras que la parte que defiende a la formación y la agrupación de extrema derecha también estuvieron parcas en declaraciones. Pérez Roldán indicó que “si de verdad no hubiera nada (Begoña Gómez) hubiera respondido”, mientras que Castro deslizó que seguían “con preguntas que no se han contestado”.
A pesar de que las filtraciones del sumario han sido una constante y que los detalles de la instrucción se han difundido por diversos medios de comunicación, Peinado avisó a las partes dos días después de que abriría una investigación contra los tres protagonistas de este artículo para ver si su actuación era susceptible de multas.
Entre las reacciones ante la última actuación polémica del magistrado, que no abandona la posibilidad de que los letrados sean castigados -las multas por lo que les acusa pueden alcanzar los 100.000 euros- por hablar ante los medios con unas declaraciones que calificó de “rueda de prensa” se encuentra la del colectivo Iustitia Europa, que está personado también como acusación popular. Esta asociación anunció que solicitaría “amparo inmediato” al Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por este “atropello al derecho fundamental de libertad de información reconocido en la Constitución y en abundante jurisprudencia constitucional”.
