Cada día que pasa se conocen nuevas aventuras económico-festivas de la señora Gómez y sus empresas y contactos afines y la espiral empieza a ser imparable, y tan es así que la propia consorte ha contratado un despacho de abogados para que vaya preparando su defensa y esa es la mejor prueba de que la porquería sobresale ya por las ventanas de La Moncloa, con todo lo que ello supone de fango propio de la casa y no inventado por nadie.
Según revela El Debate, la mujer de Sánchez comenzó a trabajar en la consultora Inmark en 1999 y la abandonó en 2018, justo cuando su marido llegó a La Moncloa. Durante los últimos años que estuvo en la empresa ocupó el cargo de responsable de los equipos de España y Portugal. Entre las especialidades en las que trabajó Begoña Gómez se encuentran la banca, los seguros, la alimentación, las bebidas, los automóviles o las ONG. Al tener un puesto de alta dirección, Begoña Gómez contaba con un equipo de gerentes, coordinadores, jefes de equipo y más de 550 comerciales a su cargo.
Al dejar el trabajo pidió una excedencia, que mantiene a día de hoy. También mantuvo un paquete de acciones del que no se deshizo hasta junio de 2022. Durante el tiempo en que ella ha sido accionista, el Gobierno ha adjudicado cinco contratos a Inmark. «Begoña mantenía una participación accionarial mínima porque nosotros a todos los directivos, para vincularlos con la compañía, les fijamos un plan para que fueran accionistas», sostiene el CEO de la empresa. El primero de los contratos se otorgó desde la dirección general de Política Comercial y Competitividad el 10 de diciembre de 2018. En aquel momento, ese departamento dependía directamente de la entonces ministra Calviño. El importe del contrato fue de 17.998,75 euros y su objeto fue la elaboración de un «estudio de tendencias del consumidor español». Adif, la empresa pública que gestiona el ferrocarril en España dependiente del Ministerio de Transportes, fue el segundo organismo que contó con los servicios profesionales de la consultora de la que era accionista Begoña Gómez. En este caso, el contrato se firmó el 25 de julio de 2019 y el importe fue de 27.795 euros. Al igual que en el anterior expediente, en esta ocasión también se recurrió a Inmark para la realización de un estudio. «La realización de estudios para medición de kpis» figura en el contrato. Es decir, un análisis sobre la calidad, el clima laboral, la imagen de marca y la reputación de Adif.
Ese mismo día, Transportes fichó una vez más a la empresa donde tenía acciones la mujer de Sánchez. Se le encargó llevar a cabo el mismo estudio pero por algo más de dinero. En esta ocasión, el importe fue de 33.631,95 euros.
Las instituciones públicas Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (el 15 de junio de 2021) y la Sociedad para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (el 30 de diciembre de 2020) también recurrieron a Inmark y les adjudicaron respectivamente contratos de 55.148,93 euros y de 4.114 euros.
Estas adjudicaciones a Inmark Europa –a día de hoy «inactiva por extinción»– siendo accionista de la consultora Begoña Gómez, que suman 138.000 euros, figuran en la causa judicial que ha abierto el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y, desde este martes, también por un delito económico. Por el momento, la causa, que lleva el juez Peinado, está bajo secreto de sumario.
Y esto es un nuevo suma y sigue que no para, por mucho que el ciudadano Sánchez lance amenazas en todas direcciones y contra todo lo que se mueva. Los escándalos y abusos son muy difíciles de ocultar y parar y tarde o temprano pasan por encima al que trata de aprovecharse y luego ocultarlo.
