Las empresas afrontan, de esta forma, un recargo adicional que se suma a la subida de las cotizaciones sociales provocada por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sube el tipo hasta el 0,7%. Así, el coste del trabajador sujeto al SMI experimentará un incremento de entre 90 y 100 euros mensuales en el coste total desembolsado por la empresa, en total unos 1.200 euros extra al año.
La nueva base mínima de cotización se actualizará, y pasará de 1.260 euros a 1.323 euros al mes (que suponen 15.876 euros anuales). De esta manera, el trabajador en salario mínimo sigue exento de presentar la declaración de la renta. El cotizante abonará 85 euros a la Seguridad Social cada mes (el 6,45% de su nómina), mientras que la empresa abonará otro 32% adicional, unos 424 euros mensuales. En total, un empleado que cobra el SMI le costará a la empresa 1.750 euros, aproximadamente, al sumar los costes salariales y los costes laborales.
La mayoría del tejido empresarial español, que son las pymes, absorben gran parte del impacto por la elevada presencia de los trabajadores con salarios bajos entre sus plantillas. Por ello, la patronal del sector, Cepyme, alzó la voz ayer recordando que «este incremento impacta de manera especial en las pequeñas y medianas empresas que, por su reducida estructura, su menor productividad e inferior aprovechamiento de las economías de escala, tienen menos recursos para asumir este incremento de costes laborales».
