En la primera convocatoria del Perte VEC se concedieron 793,72 millones de euros en ayudas a 10 proyectos industriales, un importe que supone menos del 30% de los 2.975 millones que contempla esta línea de préstamos y subvenciones. De este modo, en la segunda convocatoria del programa de ayudas se prevé que se repartan los casi 2.200 millones de euros que todavía no han sido concedidos.
“Estamos en una fase ya muy avanzada, también pendientes de la Comisión Europea, pero nuestro propósito es articular la segunda convocatoria del Perte VEC en junio, ese es el propósito de este Ministerio, del Gobierno. Y evidentemente se presentan diferentes novedades”, ha asegurado el titular de la cartera de Industria en su intervención en un desayuno informativo en Nueva Economía Forum. Acerca de las novedades, Gómez ha destacado que en la nueva convocatoria de ayudas para proyectos industriales se flexibilizarán las condiciones de acceso y los plazos de ejecución de las iniciativas. En ese sentido, ha indicado que la modificación del marco temporal permitirá que las ayudas sean mucho más competitivas, por ejemplo, frente a Estados Unidos, “que ha abierto un paquete sin precedentes también de medidas que puede arrastrar inversiones”.
En ese sentido, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense, dotada con 369.000 millones de dólares para incentivar iniciativas industriales verdes, ha sido vista desde la industria automovilística europea como una amenaza para las inversiones de distinto ámbito ligadas al sector, como las vinculadas a la construcción de nuevas fábricas de baterías, debido a la posible fuga de las mismas al país norteamericano. Por otro lado, el ministro también ha señalado que la interlocución con el sector automovilístico nacional es “permanente” dado que desde el Gobierno son “conscientes” de las demandas existentes por parte de la industria en relación con, por ejemplo, la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. Sobre ello, desde el sector se ha instado al Ejecutivo en varias ocasiones a acelerar la implementación de una amplia red pública de recarga.
