Los ‘populares’ han presentado esta reivindicación a través de una proposición no de ley -iniciativa no vinculante- que se votará en la Comisión de Política Territorial del Congreso en pleno debate sobre la condonación de la deuda que propone el Ministerio de Hacienda.
Y es que la ministra Montero está iniciando una ronda de reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para explicarle su propuesta para que el Estado asuma hasta 83.000 millones de deuda, algo que fue aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque se tiene que traducir en una ley orgánica que debe contar con el aval de las Cortes.
Sin embargo, desde Génova han recelado de la idea de la condonación de la deuda, apostando por la reestructuración de este déficit, como han propuesto varios ‘think tanks’ económicos, aunque desde Moncloa sostienen que las comunidades del PP se acabarán acogiendo a esta condonación.
En cualquier caso, la iniciativa de los ‘populares’, a la que ha tenido acceso Europa Press, hace referencia a una reestructuración de la deuda aplicando mecanismos como periodos de carencia, tipos de interés bonificados, alargamiento de los plazos de amortización, fondo complementario y el retorno progresivos a los mercados financieros. En el texto, el PP también reclama un fondo transitorio para las comunidades infrafinanciadas mientras se reforma el actual modelo de financiación autonómica, algo que reivindican las regiones como Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia.
En general, los ‘populares’ buscan forzar al Gobierno a negociar y pactar la reforma de financiación basada en los principios de solidaridad, suficiencia financiera y análisis de las inversiones. Otro de los puntos de la iniciativa apela a la vicepresidenta Montero y al ministro de Política Territorial, Torres, para actualizar las leyes que rigen en el mundo local para clarificar la distribución competencial.
En este contexto, el PP quiere garantizar la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en las Conferencias Sectoriales como miembros de pleno derecho.
Por último, proponen actualizar las entregas a cuenta para 2025, así como las referencias relativas a la participación de los tributos del Estado correspondientes al mismo ejercicio, y habilitar el pago de las liquidaciones definitivas para 2023.
