En concreto, el Gobierno propone una tasa de 250 euros que la banca tendría que abonar en el caso de que la nueva agencia de reclamaciones acepte a trámite la queja del cliente. Se trata de uno de los asuntos del nuevo organismo que más críticas ha levantado, tanto de los grupos parlamentarios como del Banco de España y la Asociación Española de Banca.
Con este panorama, el PP sugiere que la tasa sea de 100 euros y que, en el caso de que la resolución resulte favorable a la entidad financiera, la Autoridad proceda al reembolso del 50% de la tasa al banco. Los ‘populares’ entiende que el cobro de una tasa por el «solo hecho» de que la reclamación sea admitida «puede resultar abusivo».
Por su parte, Ciudadanos, PNV, Junts y el PDeCAT han registrado sendas enmiendas para que la tasa de 250 euros que financiará la futura Autoridad del Cliente Financiero se reduzca a 50 euros. Y es que, según los vascos, los 250 euros resultan «excesivos y no están justificados» en el servicio prestado, teniendo en cuenta que muchas reclamaciones se referirán a cuestiones sobre las que existía un criterio establecido.
De su lado, el PDeCAT sugiere que se mantengan los 250 euros de tasa siempre que la reclamación sea admitida y resuelta favorablemente para el cliente. Sin embargo, los catalanes quieren que en el momento de la admisión de la reclamación las entidades financieras abonen 50 euros a cuenta del eventual pago de la tasa.
Así, la Autoridad, una vez resuelta la reclamación, procederá a liquidar la tasa descontando la cantidad ingresada a cuenta por la entidad. Asimismo, en el caso de resolución favorable al banco, procederá a la devolución de la cantidad ingresada a cuenta.