Todo indica que el encuentro que estaba fijado en la agenda de Moncloa se ha suspendido a última hora por «razones sobrevenidas». Y l suspensión tiene lugar justo después de que ayer en el Congreso la diputada de Junts Miriam Nogueras llamara «indecentes» al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y a los magistrados del tribunal Carlos Lesmes y Pablo Llarena. Asimismo, ayer en el Senado el representante de Junts Josep Lluís Cleries acusó a los togados de emprender una «batalla política» para «intentar torpedear» la ley de amnistía. Ante tales afirmaciones, el propio Bolaños, tras agradecer al parlamentario de la formación que lidera Carles Puigdemont su pregunta, salió en defensa de los jueces.
«No comparto en absoluto las críticas que hace usted a los jueces y al Poder Judicial. España es un Estado de derecho, una democracia plena y los jueces actúan con independencia y con separación de poderes», aseguró Bolaños para después indicarle al senador de Junts que «hemos llegado a un acuerdo, me felicito por ello», por lo que le pidió que «trabajemos juntos para conseguir que Cataluña y toda España sean lugares mejores».
Además, el ministro señaló que «la labor fundamental del ministro de Justicia es garantizar que los jueces pueden hacer su labor sin injerencias, sin que nadie por detrás intente de alguna manera influirles, y con todos los medios adecuados para hacer su labor para que España sea lo que es, un Estado de derecho ejemplar».
En este contexto, los socialistas también han solicitado a la Mesa del Senado paralizar el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley de amnistía, solicitado por los ‘populares’. La norma, al ser una proposición de ley en vez de un proyecto de ley, no debe recabar los informes preceptivos de los organismos del Estado, y por eso desde el PP buscan, en la Cámara Alta, que el órgano de gobierno de los jueces pueda pronunciarse con profundidad acerca de la legalidad de la polémica medida de gracia.
Por su parte, el propio presidente del Gobierno –el pasado 4 de diciembre– tachó de lawfare la no renovación del CGPJ. «No hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al poder judicial», dictaminó Sánchez.
Así las cosas, ahora el presidente del Alto Tribunal español, ante la escalada de tensión que ha mantenido el Gobierno con el Poder Judicial, ha decidido suspender ‘in extremis’ la reunión que tenía prevista con el ministro de Justicia.
