Este gravamen tiene efectos negativos sobre la generación de nuevo crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera, en un contexto de incertidumbre económica internacional. Además, esta decisión de extender el gravamen afecta negativamente a la competitividad del sector bancario y la confianza en el país, dado que los inversores demandan estabilidad jurídica, previsibilidad de las normas y transparencia.
El Banco Central Europeo también ya ha advertido sobre los potenciales efectos negativos de este tipo de gravamen. La decisión del Ejecutivo no atiende la obligación de revisar a los dos años el gravamen temporal contenida en la ley que lo creó en función, entre otros factores, de la situación del sector en ese momento y del efecto acumulativo de dicho gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades, y se produce sin que los tribunales se hayan pronunciado todavía sobre los recursos presentados por las asociaciones bancarias. No obstante, el sector seguirá trabajando para dar soluciones a sus clientes y reforzando su compromiso con la sociedad, tal como ha ido anunciando en los últimos meses con mejoras en la atención personalizada a los mayores, la inclusión financiera en la España rural y la ampliación del Código de Buenas Prácticas Hipotecarias.
