El sector turístico ha calificado de «inaceptable» el nuevo registro documental, que entrará finalmente en vigor el próximo 2 de diciembre tras la aplicación del Real Decreto 933/2021. Esta medida, polémica desde su creación, ya ha sido prorrogada tres veces y continúa siendo objeto de crítica por parte de las empresas del sector, que estudian emprender acciones legales.
Las industrias afirman que el registro podría ser incompatible con la normativa europea y señalan también la «inseguridad jurídica» que derivaría de su aplicación. También critican la medida por la «imposibilidad de cumplimiento», el daño a la competitividad en el mercado nacional y europeo, la falta de adecuación tecnológica y la carga administrativa desproporcionada en un sector cuyo núcleo empresarial esta compuesto en un 95% por pymes.
La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha confirmado que pretende continuar con sus planteamientos jurídicos en relación con la exclusión de las agencias de viajes, la industria MICE y el corporativo. Además, la gerente de la patronal de Acave, Catiana Tur, destacó este miércoles «la inseguridad jurídica» que plantea el Real Decreto 933/2021 y el hecho de que «no se haya contado con el sector» para la orden ministerial anunciada sobre el nuevo registro de viajeros.
Por otro lado, el presidente de Fetave, Gutiérrez, confesó que «no nos creíamos que el RD finalmente saliera adelante, porque todos los informes, el de la Agencia de Protección de Datos, el de la Comisión Europea y el del Consejo de Estado, apuntaban a muchas incompatibilidades con las leyes vigentes».
A estas críticas se suman las de los hoteleros, ya que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) denunció que el nuevo reglamento no sólo afecta negativamente a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que hacen uso de hoteles y alojamientos en sus desplazamientos dentro del país. «Estos deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento», argumentó.
Entre otras medidas, los hoteleros está trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de impugnar la normativa «por su impacto desproporcionado y su incompatibilidad con las directivas europeas». La patronal Cehat considera que estas acciones son «necesarias» para defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio «equilibrado y justo» para los establecimientos turísticos.
«Llevamos meses solicitando diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Ante esta falta de voluntad política, nos vemos obligados a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros», subrayó su presidente, Jorge Marichal.
La misma disposición se encuentra en las agencias de viaje, Acave, UNAV y Fetave, que ya comunicaron que están estudiando acciones legales contra el nuevo registro de viajeros. «Vulnera la normativa europea de protección de datos por la cantidad de datos sensibles y personales que exige recabar a las empresas», criticaron las tres asociaciones en un comunicado conjunto.
Sobre el anuncio de una orden ministerial, que será sometida a una audiencia pública de dos semanas, las patronales de agencias ven «altamente improbable» que excluya la obligación de comunicar nuevos datos de carácter personal «tan sensibles» como los datos de tarjetas de crédito de los turistas.
Por su parte, CEAV demandó una orden ministerial que «incluya las reivindicaciones del sector y que reduzca los datos a aportar», y en la que conste expresamente la mención de exclusión de actividades como el corporativo y MICE, grupos y la actividad receptiva en general y, especialmente, con agencias de viajes y turoperadores extranjeros. En cuanto a la versión de Interior sobre «una interlocución permanente con los sectores afectados», la propia CEAV negó el «contacto continuo» con la industria que ha afirmado tener el departamento ministerial. «El sector ha de enterarse por otras fuentes de los planteamientos del Ministerio a pesar de los continuos intentos infructuosos de contacto por parte de la confederación», criticó en este sentido.
Además, Cehat denunció que, desde la reunión mantenida con el Ministerio del Interior el pasado 4 de octubre, no ha recibido ninguna comunicación oficial ni avances concretos en las aclaraciones prometidas por Interior. Por último, las agencias, de la mano de Acave, UNAV y Fetave, cargaron contra el «ninguneo» del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que «se negó a reunirse con el sector durante todo este proceso».
