Ahora se incorporará a la tramitación de la Ley de Amnistía en la Cámara Alta. El informe se ha votado en la tarde de este lunes, después del debate que se ha producido entre los presidentes autonómicos. El único en defender la amnistía ha sido el jefe del Ejecutivo catalán, Aragonès, frente a la dirigente madrileña, Díaz Ayuso, y otros cinco ‘barones’ del PP. En cualquier caso, el informe que finalmente ha sido aprobado desgrana los motivos expuestos por los ‘populares’ en otros textos para rechazar la ley de amnistía. «La aprobación de una ley de amnistía inconstitucional y arbitraria supondría un golpe muy duro para el Estado Constitucional, tanto en términos políticos como jurídicos», señala el informe.
Aquí, el informe propuesto por el PP denuncia que «el efecto de la ley es la deslegitimación del Estado, de su Derecho y de sus Instituciones». «El efecto de la amnistía es la deslegitimación de la obligada y necesaria respuesta que el Estado dio al golpe de 2017: la desautorización del Senado que autorizó la activación de la «coerción federal» prevista en el artículo 155 de la Constitución; la desautorización del Gobierno de España que aplicó dicho precepto; la desautorización del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales los hechos del procés y avaló la respuesta del Estado; y, la desautorización del Poder Judicial que combatió la insurrección con los instrumentos propios del Estado de Derecho», apunta.
Y desde el punto de vista jurídico, el informe censura que la amnistía «debilita la fuerza vinculante del Estado de Derecho y devalúa la normatividad de la Constitución de 1978».
En cuanto a la parte autonómica, el informe recalca que puede ser «peligroso» para la superviviencia del Estado autonómico y alerta de que «ofrece una expectativa de impunidad a todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurrecionales». «Asimismo, el Senado -Cámara de representación territorial- ve fraudulentamente neutralizadas sus facultades reconocidas por el artículo 168 CE, al esquivarse, mediante el procedimiento de una ley orgánica, la vía obligada de una reforma constitucional», sentencia el texto.