La reprobación de García Ortiz se incluía en una moción promovida por el PP en la que insta al Gobierno a proponer la destitución del fiscal general «ante el incumplimiento de sus funciones» y la designación de otra persona para el cargo. Además, se produce un día después de que el Tribunal Supremo acordara anular el nombramiento de Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y ordenara que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si es o no compatible que asuma el cargo al ser la pareja del exjuez Garzón, que dirige una fundación de Derechos Humanos.
Se trata del segundo nombramiento anulado por el Supremo, ya que hace un mes el Consejo de Ministros ejecutó la sentencia por la que el propio tribunal –el pasado noviembre– ordenó también anular el ascenso de Delgado a la máxima categoría como fiscal de sala de lo Militar del TS, al entender que se produjo con «desviación de poder» por parte del fiscal general.
En el debate, el PP ha exigido al Gobierno que destituya a García Ortiz como fiscal general en cumplimiento del artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en concreto por el apartado que incluye como motivo de cese el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. La senadora ‘popular’ Mayo ha señalado que el fiscal general ha incurrido en «incumplimientos graves y reiterados», además de mostrar un «servilismo descarado» hacia el Gobierno.
Mayo ha apuntado principalmente a la anulación por el Supremo del nombramiento de Delgado. «Si tuvieran solo un mínimo de respeto institucional y decencia, solo con este varapalo ya sería suficiente para que el señor García hubiera presentado su dimisión o el Gobierno hubiera propuesto su cese», ha indicado.
También ha incluido entre sus argumentos para el cese la «demora» de García Ortiz en ejecutar las sentencias del Supremo «que no le son favorables»; su «sesgada política» de nombramientos «tan favorable» a miembros de la Unión Progresista de Fiscales, de la que era miembro, y haber mostrado «sintonía» con los partidos políticos que acusan de ‘lawfare’ a la Justicia española.
La senadora ha reclamado que, para «recuperar el prestigio de las instituciones», el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que acordar «ya» el cese de García Ortiz. «Y mejor aún, que aproveche para evaluar su propia idoneidad y cese el Gobierno entero, que están fiscal general y Gobierno al mismo nivel de descrédito», ha remachado.
En defensa de García Ortiz ha salido el PSOE, que ha acusado al PP de arremeter contra la Justicia «siempre que están acorralados por la corrupción». Su senador Oleaga ha destacado el currículum «muy brillante» de García Ortiz y su papel como experto en delitos medioambientales. A su juicio, el PP lo ataca porque fue el fiscal del ‘caso Prestige’.
La misma defensa ha hecho de Dolores Delgado, de la que ha elogiado su currículum «brillantísimo», destacando su lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo tanto de ETA como yihadista. El senador socialista ha vinculado los ataques del PP a Delgado con que era ministra de Justicia cuando el Gobierno de Sánchez «sacó a Franco de su mausoleo», al exhumarlo para que su cadáver no siguiera en el Valle de los Caídos. «Esa es la causa de su inquina», ha sostenido.
Mientras tanto, Delgado, de Más Madrid, partido socio del PSOE, ha acusado de «ignorancia» al PP por pedir el cese del fiscal general y ha recordado que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo en el Senado semanas atrás que el Gobierno no puede hacerlo. La senadora ha calificado de «apresurada y tosca» la forma de hacer política de los ‘populares’ y ha dicho que es «más propia de una banda de matones y acosadores que de un partido político serio», a lo que el PP ha pedido al presidente del Senado, Pedro Rollán, que esa expresión sea retirada del diario de sesiones.
Delgado ha culpado al PP de la no renovación del CGPJ y ha propuesto que se suspenda de sueldo a los vocales para comprobar «qué poco pronto se les quita la tontería», a la vez que ha llamado al Gobierno a «ser valiente y dar pasos firmes» para superar el bloqueo.
Por su parte, el senador de Junts Cleries ha recriminado tanto a PP como a PSOE querer controlar la Justicia y la Fiscalía para usarla contra el independentismo catalán. «Nos pone muy difícil saber quién lo hace peor», ha dicho, antes de anunciar su abstención.
En la misma posición se ha ubicado ERC, que ha optado por no intervenir desde la tribuna porque, según fuentes de la formación independentista, el debate de hoy es «una guerra más entre PSOE y PP». «Y desde Esquerra Republicana en ningún caso vamos a entrar a defender al fiscal general del Estado», han señalado a Europa Press.
Desde el PNV, López ha demandado mayor independencia para quien ejerza el puesto y ha criticado que la situación actual «es un problema estructural, no de García Ortiz». «El problema es la falta de división de poderes», ha expresado, para añadir que el fiscal general cesa cuando cesan los ministros, «como si fuese un ministro más, como si fuese una parte más del Ejecutivo».
