Entre las múltiples incógnitas que deja tras de sí el acuerdo entre PSOE y ERC para transferir la práctica totalidad del servicio de Rodalies a la Generalitat de Cataluña hay una que amenaza con hacerlo saltar por los aires. A los múltiples condicionantes técnicos y económicos que dificultan el pacto hay que sumar la dificultad de convencer al personal encargado de la operativa diaria de los trenes de Cercanías y Regionales que cada día circulan por Cataluña. La resolución refrendada ayer por las formaciones socialista y republicana centra la cesión de este servicio a una nueva empresa mercantil «a la que se dotará de los recursos materiales y humanos que hoy son necesarios para la prestación de los servicios».
El pacto hace mención a la puesta en marcha de un convenio de colaboración y cooperación con Renfe «que asegure la movilidad laboral entre ambas y el mantenimiento de los derechos adquiridos», una salvaguarda con la que se pretende evitar un conflicto con los sindicatos como el que parece que se dará con la privatización de Renfe Mercancías, aunque los representantes de los trabajadores han reaccionado con total premura rechazando el pacto de investidura.
El número de trabajadores afectados por esta decisión superaría los 2.300, en caso de que se traspase a la práctica totalidad de la plantilla de Renfe en Cataluña. Según fuentes del sector ferroviario, unas 2.000 personas están destinadas a la provincia de Barcelona. Los restantes se reparten entre Tarragona (unos 250), Girona (un centenar) y Lleida (unos 50). Todos estos datos son extraoficiales, ya que Renfe no ha respondido a la consulta de este periódico.
Estas incógnitas también se trasladan sobre el personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El traspaso de las Rodalies incluye la cesión de la titularidad de determinada infraestructura, como parte de las líneas R1, R2 y R3, aunque en el acuerdo no se hace referencia al personal que garantiza la correcta gestión y circulación de los trenes. La única mención al respecto habla de la puesta en marcha de una comisión bilateral «que determine el despliegue del marco normativo para hacerlo posible y las condiciones económicas asociadas al mismo».
En la actualidad, Adif es responsable de gestionar 94 de las 200 estaciones de la red catalana y para ello dispone de una plantilla aproximada de 1.500 personas, donde dos tercios estarían radicados en Barcelona (unos 950). Por detrás se situarían unos 300 en Tarragona, más de 100 en Girona y unos 75 en Lleida. Por el momento se desconoce si estos trabajadores también deberán pasar a la nueva empresa pública. Estas cifras tampoco han sido aportadas por la compañía.
A las incógnitas sobre el futuro de personal se suman los desagravios en términos de salario o la diferencia de requisitos para ejercer la conducción, algo que podría afectar a la operativa futura del servicio. Según voces autorizadas del colectivo de maquinistas, todos aquellos que circulan por la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) han de cumplir unos requisitos mínimos técnicos de formación, situación psicofísica y conocimientos de seguridad determinados por las instituciones europeas. Pero como parece que sucederá, algunos tramos de Rodalies van a dejar de pertenecer a esta RFIG. Y en virtud de las normativas europeas, los ferrocarriles autonómicos no han de cumplir estos requisitos, algo que abre la puerta a que los futuros maquinistas de la nueva empresa mixta no estén sujetos a su cumplimiento. Esto, a juicio del colectivo de conducción, podría redundar en un empeoramiento de la calidad del servicio, además de complicar el futuro laboral de muchos de ellos, que no podrían circular en el resto del territorio nacional.
El sindicato mayoritario entre los maquinistas, SEMAF, ha rechazado el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC y ha anunciado «movilizaciones y conflicto inminente». El secretario general de la organización, Diego Martín, respondió nada más conocer la noticia criticando que no se haya explicado el pacto a los empleados: «No sabemos el acuerdo, no tenemos ni idea de la afectación a los trabajadores», expresó entonces. Unos días antes, el sindicato había pedido a la Ministra de Transportes, Sánchez, una reunión para tratar este asunto y la privatización de Renfe Mercancías, sin que se haya recibido respuesta hasta ahora. La organización emitió un comunicado considerando que la decisión «atenta gravemente contra los derechos de los trabajadores del Grupo Renfe e incumple los acuerdos alcanzados en 2007 y 2011» que reclamaban diálogo y negociación entre las partes. Según Martín, los trabajadores «quieren mantenerse en Renfe por las condiciones laborales con las que cuentan en la actualidad», unos derechos que, a su juicio, se verían afectados si se segregan las operaciones de Cataluña. «Al no haber comunicación al respecto y haber incumplido todos los acuerdos, la confianza está absolutamente rota», explican, sin descartar la huelga.
De su lado, Comisiones Obreras ha criticado el anuncio por gestarse «a espaldas de la representación legal de los trabajadores» y «crear un clima de incertidumbre e inseguridad en las plantillas de Adif y Renfe». Desde CCOO han pedido convocar la mesa de Rodalies y optado por reclamar al Ministerio más información. Al mismo tiempo, defienden el papel de Renfe como operador público de referencia en todas las autonomías. «Creemos que la solución a los problemas en Rodalies pasa por poner remedio al deterioro en la calidad que este servicio viene sufriendo, algo que se ha ido cambiando en la última legislatura, pero cuyos resultados no se verán a corto plazo», esgrimen desde la organización. Por último, UGT ha pedido «máxima información» sobre el traspaso y valorado que se debe garantizar la mejora de la calidad del servicio y de las condiciones laborales de los trabajadores
