Fuentes del órgano fiscalizador precisan que la vista -a la que no tienen obligación de comparecer los encausados, pero sí sus defensas- está fijada en el calendario para las 11.00 horas del 17 de noviembre e incluye la práctica de tres testificales, incluida la del propio Puigdemont. Se prevé que el mismo viernes el asunto quede visto para sentencia, toda vez que se espera que el juicio dure solo un día y que las conclusiones -tanto de las acusaciones como de las defensas- se presentarán después por escrito.
Hasta ahora, la celebración del juicio estaba en el aire porque Puigdemont y sus exconsejeros Puig, Comín y Ponsatí habían pedido al TCu que lo suspendiera alegando que para juzgarlos por su presunta responsabilidad contable antes debe haber una resolución penal firme, que en su caso no existe porque el Tribunal Supremo no ha podido concluir las pesquisas en su contra por el ‘procés’ porque permanecen huidos.
El pasado viernes, la consejera desestimó esta petición. Sin embargo, todavía es posible que defensas y/o acusaciones -en este caso ejercidas por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana- pidan suspender el juicio si se registra la proposición de ley de la amnistía en el Congreso de los Diputados, algo que se prevé para el próximo lunes. Las citadas fuentes señalan que, aún así, no está claro que se suspendiera, ya que la ley no estará aprobada antes del juicio.
Cabe recordar que el pasado diciembre la consejera Elena Hernáez Salguero ya rechazó suspender el juicio, descartando el mismo alegato de que no había resolución penal firme contra algunos de los encausados, así como el argumento de la defensa de Puigdemont de que el procedimiento debía paralizarse por su inmunidad como eurodiputado.
En esta causa la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.
Entre los 35 nombres consta -además de Puigdemont y Junqueras- el del expresidente catalán Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y JordiTurull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Asimismo, están encausados nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.
La Fiscalía precisó en su escrito que la parte de la demanda dedicada a los gastos del 1-O «cumple la encomienda realizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo» al condenar por malversación a Junqueras y a los ex consejeros Romeva, Bassa y Turull. También incluyó en su demanda a tres «rebeldes»: Puigdemont, Comín y Puig.
Respecto a la parte de la demanda relativa a los gastos de la acción exterior, el Ministerio Fiscal incluyó tanto los viajes realizados por el expresidente y los exconsejeros como los gastos efectuados por las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero y las diversas actividades del ‘Diplocat’, tanto aquellas destinadas a promocionar el proceso soberanista como otra serie de gastos.
Ahora, ante la aprobación de una futura ley que amnistíe al independentismo catalán, las fuentes consultadas no descartan que el órgano fiscalizador pueda presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para consultar la legalidad de la norma. Subrayan, sin embargo, que no hay precedentes porque el TCu nunca ha presentado una cuestión de este tipo ante la corte de garantías.
Las mismas fuentes explican, además, que hay doctrina que contempla esta posibilidad, pero aseguran que también hay dudas jurídicas al respecto. Insisten en que habrá que esperar a que la eventual ley de amnistía se apruebe y entre en vigor para poder estudiar en detalle su contenido y evaluar el impacto que podría tener en la causa.
