Una cuestión que en cualquier caso no termina aquí, ya que el Tribunal Constitucional tiene pendiente el dictado de una sentencia tras admitir a trámite varios recursos de amparo contra la orden de tirar abajo la urbanización. En una providencia, con fecha del pasado 18 de mayo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazan reabrir el debate sobre la legalidad del complejo, después de que ya determinara que Valdecañas se trata de una zona protegida por razones ecológicas.
En febrero de 2022, el Alto Tribunal ordenó la demolición de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, en el embalse cacereño de Valdecañas, en contra de lo que previamente había determinado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que falló a favor de que mantener en pie 185 villas, un hotel, campo de golf y otras instalaciones como un puerto deportivo, en base a los perjuicios sociales y económicos que podría tener dicha decisión. Según este tribunal, el coste del derribo ascendería a 145 millones de euros, de los que 34 millones corresponden al derribo y 111 millones por posibles indemnizaciones a los propietarios de las viviendas.
El Tribunal Supremo aceptó las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción y afirmó que este proyecto urbanístico “fue contrario a derecho” por motivos medioambientales, ya que se situó sobre la Red Natura 2000 y sobre un espacio protegido de aves. “No cabe apreciar imposibilidad material de la ejecución de las correspondientes sentencias, respecto de todo lo que ya ha sido construido, por la afectación de carácter socioeconómico o de otra índole”, afirmaron entonces los magistrados de la máxima instancia judicial.
La Junta de Extremadura dio luz verde a la construcción del complejo de Valdecañas en 2007, por la que la empresa Marina Isla de Valdecañas se embolsó casi 96 millones de euros en ventas de las propiedades inmobiliarias entre 2009 y 2013.
En un comunicado, la asociación ecologista ha celebrado esta última decisión del Tribunal Supremo y han apuntado que esto debería ser el “inicio de los trabajos de demolición”. En este sentido, Ecologistas en Acción ha señalado que el “paso lógico” ahora debería ser que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura inste el derribo “inmediato” de la urbanización que todavía no ha sido construida.
Sobre la parte ya urbanizada, el Supremo también ordenó su demolición, si bien hay que esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra una vez resuelva los recursos admitidos a trámite en noviembre de 2022 contra la sentencia del Alto Tribunal.
