“Las normas del reglamento –europeo– son muy claras”, aseguran a Europa Press fuentes del Ejecutivo. Hasta ahora, España ha recibido 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que le corresponde en forma de transferencias no reembolsables, que asciende a 69.528 millones de euros del Plan de Recuperación.
A lo largo de 2023, la hoja de ruta del Plan prevé otros dos pagos por importe de 10.000 millones de euros y 7.000 millones de euros de los fondos europeos. El Ejecutivo asegura que solicitará “lo antes posible” el cuarto pago de estos recursos de 10.000 millones al culminar la segunda parte de la reforma de las pensiones.
Tras esto, los desembolsos se completarán con tres pagos anuales previstos de 8.000 millones de euros en junio de 2024, 3.500 millones de euros en junio de 2025 y 4.000 millones de euros en diciembre de 2026.
Pero antes de eso, el 31 de diciembre de este mismo año finaliza el plazo para comprometer las ayudas no reembolsables. Según el último informe de Ejecución, publicado en febrero, España habría ejecutado el 75% de los fondos europeos previstos en los Presupuestos de 2021 y 2022, mientras que habría un 90% de créditos autorizados y el 81% comprometido.
Además, según la titular de Asuntos Económicos, el despliegue de estos fondos se habría acelerando notablemente en el primer trimestre de 2023, con más de 10.757 millones de euros autorizados. Este volumen de fondos autorizados equivale a casi el 40% de los 28.692 millones presupuestados para todo el ejercicio 2023.
El Gobierno lleva meses manteniendo reuniones con los gobiernos autonómicos, los grupos parlamentarios y los agentes sociales para la elaboración de la adenda al Plan de Recuperación, con la que se movilizarán 7.700 millones de euros adicionales en transferencias y los 84.000 millones de euros en préstamos, que se sumarán a los 70.000 millones de euros de la primera fase del Plan. A finales de año, la ministra Calviño expuso un primer borrador de esta adenda, en la que el Ejecutivo sigue trabajando con el fin de aprobar su versión definitiva y formal el próximo martes para remitirla a Bruselas. Según el reglamento, el plazo máximo para remitir esta adenda sería el 31 de agosto de este año.
Pero España ya ha presentado formalmente la petición de los préstamos a la Comisión Europea. Con estos recursos y las transferencias adicionales, el Gobierno pretende concentrar las inversiones y reformas en el impulso de la industrialización y autonomía estratégica en los ámbitos de la energía, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, reforzando las inversiones de los 12 proyectos estratégicos (Perte) ya aprobados y en marcha.
Además, la vicepresidenta primera ya ha avanzado que se incluirá las novedades de esta versión definitiva de la adenda un fondo de 1.000 millones de euros para la “modernización y sostenibilidad” del sector turístico.
