El regulador ha sacado a trámite de información pública la propuesta de resolución hasta el 11 de noviembre mientras el sector está a la espera de conocer cuál será la tasa de retribución financiera (TRF) para el próximo período regulatorio 2026-2031.
La retribución de 2020 fue de 5.264 millones de euros y si se considera que la tasa de retribución financiera (TRF) pasó del 6,003% en 2020 al 5,58% en 2021, la retribución última debería haber sido aproximadamente 140 millones de euros menor, en lugar de los nueve millones de euros que ha caído, explican fuentes del sector a La Información Económica. En términos generales ha salido mejor para las empresas por la consideración del parámetro ‘X’ de aplicación para el Componente Gestionable de la Retribución de la Actividad de Distribución (COMGES) del 0,67, un parámetro con significativo impacto en la retribución.
El anexo en el que se recoge el detalle de la retribución de cada uno de los conceptos es de carácter confidencial, excepto para la empresa distribuidora. Las compañías están están peleando en el Tribunal Supremo la retribución del año 2019 -que reconoce las inversiones de 2017-. El Alto Tribunal ha abierto la veda a compensaciones millonarias con las primeras sentencias que afectan a distribuidoras de menor tamaño. Las grandes distribuidoras eléctricas del país son Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa (Naturgy) y EDP, mientras que hay centenares de menor tamaño integradas en asociaciones como CIDE o la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).
Según el documento publicado este viernes por la CNMC, las distribuidoras acometieron 256.303 inversiones con puesta en servicio en 2019. La Resolución de auditoría de 20 de mayo de 2020 establece que por primera vez en la información correspondiente al ejercicio 2019 serían declaradas como inversiones en digitalización y automatización de redes necesarias para la transición energética aquellas asociadas a sistemas inteligentes (Smart Grids), telegestión y sistemas técnicos de gestión asociados, siempre que las mismas no estén incluidas en las declaraciones efectuadas en el resto de ficheros correspondientes a instalaciones físicas. En este sentido, el valor retribuible de inversión es de 112,9 millones de euros. Por su parte, en 2019 es el último año en el que se aplicará el incentivo a la reducción del fraude. Este concepto se sitúa en 5,19 millones de euros y la partida se eleva a 23,69 millones de euros.
En cuanto a la retribución de 2020, no se conoce hasta el momento que ninguna de las grandes haya recurrido en un intento de rebajar la tensión en un momento clave y en el que ha sido el primer reparto por parte de la CNMC -antes se encargaba el ministerio-. La propuesta de resolución cayó como un jarro de agua fría en el sector al ser «globalmente menor», según el propio organismo, pero finalmente se revisó al alza. En la actualidad, el sector también está a la espera de conocer la propuesta de la TRF para el próximo período regulatorio 2026-2031. Tal y como ha avanzado este medio, el planteamiento de la CNMC no cumplirá con las expectativas del sector. Competencia estudia un número que no se acercará al 7%, mientras que las eléctricas vienen demandando una TRF que se sitúe entre el 7% y el 8%.
