Ambas partes son conscientes de la necesidad de incrementar la capacidad actual para dar cabida a la creciente demanda que provocan los nuevos proyectos industriales que están llegando a nuestro país: nuevas plantas de hidrógeno, centros de datos, fábricas de coches eléctricos o plantas de baterías.
Esta fuerte demanda debería evitar el riesgo de una debacle en los proyectos de renovables que se preparan para construirse, ya que de lo contrario se verán abocados a un merma notable de ingresos por los crecientes precios cero de la energía o a sufrir vertidos ante la imposibilidad de almacenar o exportar energía de forma suficiente.
Según AELEC, el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ha supuesto un reconocimiento de la existencia de esta demanda, que cifran en 30 GW, y ahora añaden que se deben cambiar los límites a la inversión en redes para acabar con el cuello de botella actual.
El Gobierno impuso un límite máximo de inversión en redes para frenar la escalada del déficit tarifario y fruto de aquella situación el sector ha visto ahora como ha tenido que cerrar las puertas a las peticiones de nueva demanda a los que les cuesta dar cabida.
En este punto, la posición de las eléctricas y la del Gobierno se aleja. Mientras fuentes del Ejecutivo aseguran que no pude dar a las eléctricas carta blanca para instalar las redes que quieran temiendo una repercusión en las tarifas que pagan los consumidores.
Las eléctricas niegan la mayor y aseguran que un incremento de esta capacidad repercutiría en una rebaja de los peajes eléctricos y, por ende, de la tarifa que pagan los consumidores. Según Castro, directora de regulación de Aelec, si se electrificaran todas las peticiones que tiene en estos momentos, los ingresos por peajes se multiplicarían entre 5 y 10 veces. Este fuerte incremento de los ingresos permitiría, según indicó, una rebaja de entre el 1,5 y el 2% para el consumidor por cada 1.000 MW unitarios que se pudieran conectar a la red.
Por este motivo, las eléctricas quieren un papel en la planificación de las redes para poder decidir las zonas o polígonos donde es más necesaria la inversión.