Entre la emergencia y la resiliencia, una radiografía profunda de la realidad que viven hoy las personas jóvenes’, publicado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), y que pone de manifiesto la urgencia de impulsar políticas públicas en este sector de la población. Los datos de este informe muestran una situación insostenible en múltiples ámbitos: la edad media de emancipación se sitúa en los 30,4 años; un 56,6% de los hogares jóvenes reside en régimen de alquiler y más de la mitad se encuentra en situación de sobreesfuerzo económico para poder pagarlo.
El informe refleja también un aumento constante de las personas jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo (los llamados ‘sisis’), alcanzando ya un 23%, cifra similar a la de jóvenes que solo trabajaban en 1992. Todo ello con salarios que no se ajustan al nivel de vida y una oferta laboral escasamente adaptada a su alta cualificación.
En salud mental, los datos son especialmente preocupantes: la tasa de problemas psicológicos en el grupo de 15 a 34 años ha crecido un 590% en la última década, situándose por encima de la media del resto de la población adulta. Un 41,4% de las personas jóvenes con riesgo alto de comportamiento suicida nunca ha acudido a un profesional. Por ello, desde el Consejo de la Juventud de España insistieron en la necesidad de abordar esta realidad sin estigmas ni simplificaciones.
Igualmente, afirmaron que no se puede seguir responsabilizando a la juventud de unas condiciones de vida que son estructuralmente injustas y exigieron una acción institucional clara, contundente y con participación juvenil real.
Por ello, el CJE propone más de 30 medidas para revertir esta situación. En vivienda, reclama aplicar con urgencia la Ley por el Derecho a la Vivienda, reservar un 40% del parque de vivienda pública a personas jóvenes, y garantizar que no se dedique más del 30% del salario a pagarla.
En empleo, se urge a aprobar el Estatuto del Becario, adecuar el SMI a la inflación y eliminar las prácticas extracurriculares no remuneradas. En educación, se plantea eliminar las tasas de la PAU, reforzar el sistema público y aprobar un Estatuto del Estudiante no universitario.
Respecto a la salud mental, el CJE aboga por un Pacto de Estado, la reducción de listas de espera, más profesionales en el sistema público y educación en prevención desde edades tempranas.
En materia de participación, se propone ampliar el derecho a voto a los 16 años, reforzar la presencia de jóvenes en el desarrollo de las políticas públicas y aumentar los recursos destinados a entidades juveniles. Además, en un contexto de la polarización, es imprescindible reforzar la educación en igualdad y feminismo como herramienta de prevención, donde la educación cívica, el asociacionismo o la educación no formal pueden ser la respuesta.
Igualmente, desde el CJE aseguraron que el problema no es que la juventud esté desinteresada, sino que se encuentra desatendida. Señalaron la gran labor que se hace desde las asociaciones, a la vez que la necesidad de que el Estado actúe con urgencia.
El CJE también insistió en implementar mecanismos de coordinación interministerial y el EU Youth Test a nivel estatal para asegurar un enfoque joven e intergeneracional en todas las políticas públicas.
