El próximo 6 de marzo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha convocado una reunión para analizar las posibles orientaciones de las medidas a adoptar para reducir el precio de la energía. La idea inicial es adoptar una serie de medidas que permitan desacoplar los precios del gas y de la electricidad y afrontar el impacto de las crecientes horas a precios cero o negativos que se están registrando en Europa y que comienzan a poner contra las cuerdas a un buen número de promotores de renovables. La convocatoria de este encuentro se produce al mismo tiempo que el Ejecutivo comunitario ha retirado su plan de presentar un paquete de medidas que tenía ya calendarizado para el 10 de marzo.
La Comisión pretendía dar a conocer los avances llevados a cabo por el grupo de trabajo que constituyó hace casi un año para estudiar las medidas a adoptar, pero ahora parece que las propuestas volverán a pasar por la Comisión Europea. Los cambios en los planes de Bruselas se producen después de que el pasado 12 de febrero, a petición del presidente del Consejo Europeo, António Costa, se celebrase una reunión entre los líderes europeos para retomar la agenda de competitividad del continente. Según fuentes consultadas por este diario, dentro del debate, jugó un papel protagonista el orden de mérito de las tecnologías en el mercado mayorista y su carácter marginalista, un debate que parecía abandonado tras la última reforma del mismo pero que vuelve a la primera línea de discusión en Europa.
La Comisión preparaba un paquete de actuación con medidas inmediatas y reformas estructurales para abaratar la energía sin frenar la transición atacando tres palancas: el coste del suministro, los peajes y costes de red, y los impuestos y cargos.
Para ello, Bruselas anima a los Estados miembros a ajustar la fiscalidad energética (incluido IVA y gravámenes) y a rediseñar tarifas y peajes para premiar la flexibilidad y el consumo eficiente de la red, reforzando la protección frente a la pobreza energética y facilitando el cambiar a ofertas más baratas.
En paralelo, la UE propone acelerar el despliegue de renovables, redes y almacenamiento mediante simplificación y acortamiento de permisos (con una nueva directiva de permisos), y expandir y modernizar redes e interconexiones con el «paquete europeo de redes» que contará con el apoyo del BEI con un paquete específico para fabricación y cadena de suministro para acelerar inversiones.
Para reducir la exposición a la volatilidad del gas en el precio de la electricidad, Bruselas pretende impulsar contratos a largo plazo (PPAs, contratos por diferencia u otros esquemas de estabilización) y mecanismos de reducción de riesgo, incluyendo un piloto con el BEI para respaldar PPAs, además de medidas para profundizar mercados de cobertura.
En el mercado del gas, la UE prevé reforzar la supervisión y transparencia (con coordinación entre reguladores energéticos y financieros) a través de un grupo de trabajo que analice posibles ajustes para evitar distorsiones. Finalmente, plantea un «contrato tripartito» entre sector público, promotores de energía limpia e industria para movilizar inversión y cerrar acuerdos de demanda que den estabilidad de precios, y un paquete de preparación ante crisis para coordinar respuestas y minimizar picos de precios cuando haya shocks de oferta o tensiones en el sistema. Las propuestas en análisis por parte de la Comisión han chocado con las actuaciones que están llevando a cabo individualmente los distintos países europeos.
Alemania aprobó un paquete de ayudas para su industria de más de 27.000 millones de euros que generó un profundo rechazo por parte de otros países con menores capacidades financieras.
El 15 de diciembre, en el Consejo Europeo, España y Portugal encabezaron una queja formal que fue respaldada por varios países.
Mientras que el Gobierno Meloni ha aprobado un decreto con dos medidas principales orientadas a abaratar el precio mayorista de la electricidad a partir del 1 de enero de 2027: reembolsar a las centrales de gas determinados componentes de los peajes de transporte de gas y, además, devolver parcialmente costes del EU ETS (CO2), con un tope equivalente al coste de emisiones de una central de ciclo combinado «eficiente». En ambos casos, el coste de los reembolsos se recuperaría mediante cargos sobre las retiradas de electricidad, es decir, trasladándolo a los consumidores.
