La moción, plantea en concreto derogar las modificaciones legislativas introducidas en esta materia tanto en la reforma laboral de 2012, del Gobierno de Mariano Rajoy; como en la de 2010, del Gobierno Rodríguez Zapatero. Los decretos de PSOE y PP mencionados modificaron la indemnización improcedente y la rebajaron de 45 a 33 días por año trabajado, cantidad que sigue en la actualidad vigente y que no fue modificada con la reforma laboral de 2021.
En un segundo punto de la moción, la formación catalana insta al Gobierno a analizar en profundidad la doctrina del Comité de Derechos Sociales sobre el derecho de los trabajadores, reconocido en el artículo 24 de la Carta Social Europea. El artículo en cuestión dice que los trabajadores no pueden ser despedidos «sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada».
En este sentido, Esquerra quiere las nuevas modificaciones legislativas que estudie el Gobierno tengan como fin establecer un nuevo régimen indemnizatorio para los despidos injustificados que sea «efectivamente restaurador» en atención a las circunstancias personales y del año causado a la persona despedida y que consiga un efecto «realmente disuasorio» para el empresario. La moción es consecuencia de una interpelación urgente del diputado de ERC, Jordi Salvador i Duch, dirigida a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Pleno del Congreso del miércoles pasado.
Durante su intervención en la Cámara Baja, la vicepresidenta dijo que el Gobierno trabajará «pronto» en las indemnizaciones por despido improcedente, ya que considera que en España este tipo de despido «no es caro», sino que, de hecho, «es demasiado barato».
Las modificaciones en las indemnizaciones por despido no se introdujeron en la última reforma laboral. Según Díaz, esto fue así porque el PSOE «no aceptó» modificaciones al respecto; mientras que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló que si el coste del despido no se tocó fue para tener el visto bueno de la CEOE al acuerdo.
Con este panorama, Díaz ahora valora una futura modificación de las indemnizaciones, al margen de tener o no el visto bueno del sector empresarial. Asimismo, la vicepresidenta señaló que los posibles cambios a este respecto están a la espera de la resolución del Comité Europeo de Derechos Económicos y Sociales ante una denuncia de UGT, precisamente por vulnerarse en España el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo.
