La ponencia a cargo de la vicepresidenta del tribunal, Montalbán, plantea anular la sentencia y ordenar a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte un nuevo pronunciamiento «exclusivamente» en lo relativo a la posible comisión de un delito de malversación en las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001, lo que se traduciría en una rebaja de su condena.
Fernández fue condenado a 7 años y 11 meses de prisión y 19 años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación no solo por haber intervenido en las modificaciones presupuestarias que arbitraron los fondos para el pago de los ERE, sino también por haber firmado como presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) convenios particulares con el director general de Trabajo a través del que se materializaron varias ayudas.
La ponencia del Constitucional propone perdonar parte de la malversación de Fernández y deja fuera del amparo los actos de presupuestación y gestión que, en calidad de viceconsejero de Empleo, realizó antes de que las leyes de presupuestos hubieran incorporado el concepto de transferencias de financiación del IFA a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), es decir, las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001.
También excluye las disposiciones de fondos ordenadas en el ámbito de la Consejería de Empleo entre 2002 y 2009 bajo la vigencia de las leyes de presupuestos que incorporaban tales aplicaciones al programa 3.1 L, pero que excedieron su ámbito de cobertura porque se hicieron en «ausencia de fin público».
Esta nueva ponencia se debatirá después de que la semana pasada el propio Constitucional dictara sentencia sobre el caso de la exconsejera de Economía y Hacienda de Andalucía Magdalena Álvarez. En aquella resolución, el TC defendía que los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos, así como sus modificaciones, ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
En este sentido, el tribunal incidía en que no son asuntos gubernativos sujetos de control jurisdiccional y que «si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas nunca podrían llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor».
Está previsto que el 2 de julio, además de estudiar el recurso de Fernández, el Constitucional estudie los recursos de amparo de los condenados Francisco Vallejo Serrano, Carmen Martínez Aguayo, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Todos los recurrentes fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya sentencia fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Supremo, a penas de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación.
En el siguiente pleno, el del 16 de julio, los magistrados abordarán los recursos de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves contra la sentencia de los ERE por la que se les condenó a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación y 9 años de inhabilitación por prevaricación, respectivamente. También los del exconsejero Gaspar Zarrías y del exviceconsejero Antonio Vicente Lozano, condenados a inhabilitación por delitos de prevaricación.
