Para 2026, el crecimiento del PIB se desaceleraría hasta al 1,7%, debido a la incertidumbre geopolítica y a la apreciación del euro. No obstante, los flujos de inmigración y una mayor inversión en capital compensarían, en parte, la debilidad externa.
La economía española creció un 0,6% en el 1T25, por encima de la media europea, gracias al impulso de la demanda interna. La inversión en bienes de capital y construcción mostró signos de recuperación, mientras que el consumo público y las exportaciones turísticas perdieron algo de fuerza.
El consumo privado continúa siendo un motor clave, apoyado por la inmigración y las condiciones de financiación favorables. El mercado laboral sigue mostrando fortaleza, con más de 528.000 nuevos afiliados en el 2T25 y un descenso de la tasa de paro al 11%. Sin embargo, la productividad por empleado se mantiene estancada, lo que pone de relieve debilidades estructurales en competitividad. Además, el ahorro de los hogares mantuvo una tendencia similar a la zona del euro, alcanzando el 12,8% a principio de 2025.
El análisis advierte de que el modelo de crecimiento español continúa siendo extensivo y depende más de la creación de empleo que de las ganancias de productividad. Al mismo tiempo, la falta de oferta de vivienda frente a la formación de nuevos hogares sigue presionando al alza los precios inmobiliarios y mantiene la asequibilidad como un desafío central.
La consolidación fiscal avanza, con un déficit público proyectado en el 2,7% del PIB en 2025, en línea con los compromisos europeos. El déficit del gobierno central cerrará con un -2,1%, la Seguridad Social en -0,5%, las regiones en -0,4% y las corporaciones locales en +0,3%. Así, el ritmo de ajuste es más lento que en años anteriores, pero es coherente con los compromisos de la UE.
La deuda pública se sitúa al inicio de 2025 en el 103,5% del PIB, con previsión de cerrar el año en el 101,7%, según proyecciones del gobierno, mientras que la AIReF la estima en el 101,4% del PIB. La reducción es más suave que en 2024 (cuando bajó 3,3 puntos), reflejo de un menor crecimiento nominal y del ajuste más pausado del déficit.
El informe recuerda que el cumplimiento de la nueva regla fiscal de la UE será clave para mantener la credibilidad. España deberá limitar el crecimiento del gasto neto primario al 3,7% en 2025, tras haber crecido un 3,5% en 2024 frente a un límite del 5,1%, lo que proporciona margen para el cumplimiento.
De acuerdo con el análisis realizado por BFF, se prevé que nueve CCAA cierren 2025 en equilibrio o superávit, con solo Murcia y la Comunidad Valenciana superando el -1%. La ratio deuda/PIB autonómica caerá por debajo del 20% a finales de año (desde el 21,1% en 2024), con cinco regiones (Asturias, Navarra, Canarias, Madrid y País Vasco) por debajo del 13%. Solo la Comunidad Valenciana permanecerá por encima del 30%, debido al impacto de la DANA de finales de 2024. Por tanto, tres comunidades autónomas (Cataluña, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia) lograrían reducir su ratio de deuda por debajo del 30% del PIB, quedando solo la Comunidad Valenciana por encima de este umbral.
El informe subraya el nuevo convenio CDGAE de julio de 2025, que abre la puerta a un retorno gradual de las regiones a los mercados financieros entre 2026 y 2028 mediante un modelo mixto de financiación. La condonación parcial de deuda regional, prevista para aprobación parlamentaria a finales de año, supondrá un alivio adicional, aunque BFF advierte de que solo será sostenible si va acompañada de disciplina fiscal. En paralelo, persisten diferencias significativas en el sistema de financiación autonómica. Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha permanecen en la franja baja de financiación per cápita (92-94% de la media), mientras que Madrid conserva la mayor capacidad de recaudación de ingreso, pero sigue siendo el mayor contribuyente neto a la redistribución. En 2023, los flujos redistributivos ascendieron a 24.000 millones de euros, con Extremadura y Canarias como las regiones más beneficiadas y Madrid como la más perjudicada, soportando una carga equivalente al 26% de sus ingresos. En conjunto, el informe advierte de que, sin reformas estructurales y control fiscal entre regiones para garantizar la transparencia, equidad y corresponsabilidad fiscal, estas medidas podrían tener un efecto desincentivador sobre la disciplina presupuestaria. A pesar de que se garantiza un nivel mínimo de servicios públicos en el país, las importantes brechas de financiamiento per cápita, derivadas del sistema de financiamiento de 2023, perpetúan los desequilibrios históricos en la asignación de recursos.
El informe de BFF destaca que la evolución de la economía española en los próximos meses estará marcada por un entorno internacional cada vez más complejo. En Estados Unidos, la política monetaria marcadamente proteccionista y los recortes fiscales han elevado el déficit hasta el 6,2% del PIB y sitúan la deuda en una trayectoria ascendente que podría alcanzar el 124% del PIB en 2034, generando mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales. A ello se suma la persistencia de conflictos geopolíticos en Ucrania y Oriente Medio, que continúan presionando al alza los precios de la energía y frenando las perspectivas de crecimiento global. En este contexto, la OCDE prevé que el comercio mundial se desacelere hasta el 2,8% en 2025, frente al 3,8% de 2024, mientras que el crecimiento de la zona euro apenas alcanzará el 0,9%, apoyado principalmente en la inversión pública en defensa e infraestructuras. Estas proyecciones de desaceleración mantienen una tónica similar a las de EE.UU., que se espera que modere su expansión hasta el 1,6% en 2025. Proyecciones similares a las de China, que moderará su crecimiento al 4,7% este año.
