Eurostat publica cada cierto tiempo un indicador que revela el esfuerzo que deberán hacer los diferentes países para afrontar el pago de las pensiones. Es una medición o cálculo de los derechos de pensión que han generado los españoles (si estás trabajando estás generando estos derechos) hasta un momento dado a través de cotizaciones y aportaciones a fondos. España sale como el peor parado con una ‘deuda implícita’ del 500% del PIB. Si bien es cierto que esta suerte de indicador se debe analizar con cautela (hay muchas variables en juego y las normas que rigen el sistema pueden cambiar de la noche a la mañana), sí muestra la enorme ‘carga’ a la que se van a enfrentar las finanzas españolas en los próximos años. El creciente peso de los pensionistas por jubilación, la indexación de las pensiones a la inflación, la caída esperada de la población ocupada en términos relativos o la creación de empleo de baja calidad van a complicar sobremanera el pago de esa masa de prestaciones que va a empezar a crecer de forma notable desde este mismo momento. El agujero de las pensiones es grande en términos absolutos y relativos.
Sin ir más lejos, el déficit contributivo de las pensiones ya alcanzó el año pasado los 30.000 millones de euros. La previsión es que este déficit siga aumentando a medida que la generación del baby boom vaya abandonando su vida laboral para ‘caer’ dentro del grupo de personas conocidas como dependientes (aquellas que no contribuyen ni producen en términos económicos).
Ya antes de incorporar los derechos pensionales futuros, la situación del sistema presenta importantes desequilibrios (y lo peor está aún por llegar). «Las cifras de 2024 reflejan un déficit contable en el sistema público de pensiones a pesar de la fuerte inyección de recursos que ha recibido desde 2019 mediante transferencias del Estado en su componente contributivo (Seguridad Social y Régimen de Clases Pasivas). Las perspectivas futuras parecen complicadas como consecuencia de una aceleración del proceso de envejecimiento provocado por la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación y el previsible aumento de la esperanza de vida (+3,4 años en 2050). La suma de ambos fenómenos aumentará el número de pensiones un 56,3% en un periodo de tiempo relativamente corto (de 9,984 a 15,605 millones), para después estabilizarse hasta 2070 (16,637 millones), se señala en un documento publicado por Santalucía.
Con todo, la realidad es que España ha acumulado a lo largo del tiempo una enorme deuda con sus ciudadanos: las pensiones futuras. Según los datos de Eurostat, España es la economía que más compromisos no contabilizados oficialmente ha asumido con sus ciudadanos. Se trata de una deuda implícita, no reconocida en los mercados financieros, pero igualmente real: las prestaciones que la Seguridad Social promete pagar, aunque no haya detrás un bono emitido o un fondo de ahorro que las respalde.
Para entender la magnitud del problema, basta saber que esta ‘deuda’ asciende al 500% del PIB. Es decir, por cada euro que produce la economía española, hay cinco euros comprometidos en pensiones futuras. Y eso sin contar la deuda pública, la que sí se reconoce y se negocia en los mercados, que ronda el 100% del PIB en este momento. En total, el Estado español arrastra una carga que condicionará las finanzas públicas durante décadas. Además, España presenta hoy una de las tasas de sustitución más altas del mundo. Esta tasa señala el porcentaje del último salario que se mantiene al jubilarse, es una de las más altas de la OCDE. Según datos de 2023, se sitúa en España en alrededor del 80%, lo que significa que, en promedio, un jubilado español recibe el 80% de su salario previo a la jubilación como pensión pública. Esta tasa es significativamente más alta que la media de la OCDE (56%) y de la Unión Europea (54,8%).
