Entre estos retos, se destacan los derivados del rápido envejecimiento de la población, del cambio climático y de la complicada situación geopolítica actual.
La presión fiscal en España ha aumentado en las últimas décadas muy considerablemente, tanto en términos absolutos como relativos, hasta situarse ya claramente por encima de la media de los países de la OCDE y muy cerca de la media de la UE. En comparación con el promedio de la OCDE, la estructura tributaria española se caracteriza por un mayor peso de las cotizaciones sociales y los tributos sobre la riqueza, y un menor peso de la imposición sobre el consumo y las rentas societarias. En los últimos tiempos, se está tomando una conciencia creciente de los costes económicos de la tributación, incluyendo tanto los costes directos de cumplimiento, como los indirectos, derivados de desincentivos y distorsiones. En algunos de estos aspectos, la evolución de nuestro país no ha sido la deseable.
El autor argumenta que los objetivos prioritarios de la reforma del sistema impositivo español han de ser la mejora de su eficacia recaudatoria, el impulso del crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la justicia distributiva. Con ellos en mente, repasa numerosas propuestas avanzadas por distintos autores, comenta sus ventajas y desventajas y avanza algunas recomendaciones para una reforma fiscal de carácter integral. Entre estas recomendaciones, cabe destacar quizás las siguientes:
• Centrarse en la ampliación de las bases imponibles, la moderación de los tipos de gravamen y una cierta traslación de la carga tributaria desde el trabajo a otras bases imponibles que generen menores desincentivos.
• Introducir ajustes por inflación en el IRPF.
• Buscar una mejor integración entre el IRPF y el Impuesto de Sociedades y, en relación con este último, un tratamiento más simétrico de la financiación mediante deuda y fondos propios.
• Aplicación de un IVA neutral y uniforme, acompañado de la introducción de compensaciones para hogares con rentas bajas por la eliminación de los tipos reducidos y exenciones.
• Revisar la imposición sobre la riqueza, y, en su lugar, evaluar la posibilidad de gravar las ganancias de capital no realizadas.
• Reforzar la imposición medioambiental y, en particular, la que grava las emisiones de carbono (o, de forma equivalente, extender los derechos comercializables de emisión), contemplando compensaciones transitorias para las partes afectadas.
• Evitar los impuestos discriminatorios o punitivos sobre determinados sectores, especialmente los que no recaen sobre sus beneficios efectivos.
• Limitar el uso de beneficios fiscales.
• Aplicación selectiva del principio del beneficio: mayor utilización de tasas y copagos para la financiación de ciertos bienes y servicios públicos de consumo individual.
• Explorar posibles nuevas fuentes de impuestos relacionados con la digitalización y robotización de la economía.
• Clarificar el papel de las cotizaciones sociales desde el punto de vista de la contributividad.
