En definitiva, se trataría de que esta figura del directivo público sea la herramienta para ayudar a profesionalizar la alta administración del Estado, siguiendo criterios “empresariales” de efectividad y eficiencia. Desde Fedea se lanza el mensaje de que este momento sería el apropiado también para reducir la excesiva carga política que lleva acarreado este puesto. En la práctica, se trataría por tanto, de reducir el importante número de puestos de trabajo que actualmente se cubren discrecionalmente con criterios políticos.
La idea que subyace de este trabajo es que la carrera profesional pública debe ser más atractiva y competitiva frente al sector privado, al tiempo que considera “imprescindible” elaborar un plan estratégico de renovación de recursos humanos que sea capaz de dar solución a los déficits, que actualmente están presentes en la administración pública, de capacidades técnicas, digitales y de gestión.
Otros de los asuntos que pone encima de la mesa Fedea es el de la excesiva rigidez que aportan las negociaciones con los sindicatos. Así señala que el proyecto de ley ha introducido algunas disposiciones “muy preocupantes” como lo es la que obliga a pactar previamente con los sindicatos numerosos planes y decisiones, que para Fedea, deberían ser competencia exclusiva de los representantes elegidos de los ciudadanos y de los gestores públicos, lo que amenaza con incrementar las rigideces de la Administración, al tiempo que contribuiría a limitar aún más si cabe su eficacia.
Para Fedea, una de las mayores críticas que plasma el documento presentado este lunes es que el texto persigue “proteger a los empleados públicos más que a los ciudadanos a los que estos supuestamente sirven”. Así explica que se olvida que el papel de la Administración es precisamente servir al ciudadano y no otro.
El trabajo coordinado por Ángel de la Fuente insiste en que es importante que la ley recoja de forma explícita que el principal objetivo es la mejora del servicio a los intereses de los ciudadanos y no la mejora de las condiciones de trabajo o la ampliación de derechos de los propios servidores públicos. Considera que este sería solo un primer paso, “pero uno imprescindible”, hacia un cambio de cultura sin el cual sería muy difícil el avance hacia la administración pública que sería necesaria para un país como España.
Otra de las recetas lanzadas por Fedea para la mejora de la función pública pasa por la necesidad de adaptar los salarios del sector público, con el fin de facilitar la atracción de talento, sobre todo en aquellas materias en las que se compite con el sector privado. Para ello considera prioritario realizar un análisis comparativo del abanico salarial del sector privado frente al público que podría servir de orientación y revisión de este último.
Para Fedea las conclusiones de este trabajo, previsiblemente confirmarían la idea de que los salarios del sector público resultan atractivos para el caso de los puestos que exigen una menor cualificación y que a medida que se exige mayor experiencia y cualificación, se produce el efecto contrario. Su receta apunta a la necesidad de ampliar el recorrido de los salarios y de aumentar los escalones para desarrollar una carrera más gradual y progresiva.
