En un artículo publicado este miércoles sus investigadores se muestran especialmente preocupados por las concesiones que pudieran hacerse a los partidos nacionalistas catalanes. Así, si bien inciden en que del texto del acuerdo con Junts no se desprende que el Gobierno vaya a ceder a Cataluña el 100% de los tributos estatales recaudados en su territorio (es solo una exigencia del partido de Puigdemont), no comparten que el PSOE haya aceptado iniciar un proceso de negociación bilateral con la Generalitat sobre la financiación que parte, además, de un «sorprendente diagnóstico común» que acepta en buena medida las tesis nacionalistas sobre las supuestas deficiencias y abusos del sistema actual.
No es probable que ese proceso de negociación culmine en la presente legislatura con un acuerdo en torno a las reivindicaciones de máximos de los nacionalistas, pero no son descartables concesiones significativas, señalan, que puedan derivar en un estatus especial para Cataluña tanto en las negociaciones sobre la citada reforma, como en su posición en el nuevo modelo. Esto podría dar lugar a una menor aportación de la comunidad (una de las más ricas) a la caja común y, por tanto, dada su posición de partida, acabar traduciéndose en una «financiación privilegiada en alguna medida», apuntan en el documento.
Desde Fedea aprecian un riesgo significativo de que tales concesiones «marquen el comienzo de una deriva confederal que iría reduciendo gradualmente los márgenes para la nivelación interterritorial y, con ella, para la redistribución personal más allá del ámbito interno de cada comunidad», sostienen. En la fundación van más allá y creen que este proceso comportaría un gradual debilitamiento del Estado, que podría llegar a verse privado de los recursos y de las herramientas necesarias para poder ejercer sus funciones básicas.
Otro temor que se desprende del artículo es cómo la condonación general y sin condiciones de una parte de la deuda a las autonomías de régimen común «contribuirá a agravar» sus problemas de «indisciplina fiscal». Las autonomías, que han venido recibiendo ingresos récord los últimos años a cuenta del sistema de financiación por los ingresos tributarios históricos, han recibido algo más de margen el año que viene por parte del Estado y podrán incurrir en un déficit de una décima. En el artículo, elaborado por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, Fedea avisa además de que el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar «escora» el programa del nueve Gobierno «claramente hacia la izquierda». Esto se traducirá, en opinión de sus expertos, en un «significativo» incremento del gasto público y de la presión fiscal.
«A la fuerte presión al alza sobre el gasto que la reciente reforma de las pensiones ya generará en los próximos años, se suman ahora planes para mejorar numerosas prestaciones sociales e incrementar el gasto público en sanidad, educación, vivienda y otras áreas», argumenta el director Ejecutivo de Fedea. «Parece improbable que todo lo propuesto pueda hacerse sin desequilibrar aún más las cuentas públicas, en contra de lo que exigirá la Unión Europea tras la reactivación de las reglas fiscales, o sin fuertes subidas de impuestos para todos y no sólo para los ricos».
