«Antes de crear otra burocracia con funciones parajudiciales convendría haber revisado la organización del sistema judicial propiamente dicho (…), con vistas a mejorar su eficacia en la resolución de conflictos, máxime al considerar que añadir una nueva instancia de resolución alternativa de conflictos (…) puede tener efectos complejos y contraintuitivos sobre la frecuencia, tanto de la litigación como del acuerdo voluntario entre las partes», ha indicado el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Arruñada, en la nota que ha publicado Fedea.
Según el catedrático, las empresas tienen incentivos a mantener su reputación, por lo que «generalmente», tenderán a no explotar a sus clientes a pesar de estar en posición de hacerlo. Así, una solución más eficiente es elevar la competencia de los mercados, para evitar que se puedan producir estos posibles abusos. Federa considera «ilusorio» que se pretenda resolver los problemas del sector público creando nuevos órganos que reproducen la estructura organizativa de los órganos ya existentes, basada en una «burocracia funcionarial», sin intentar la reforma de estos últimos.
Así, el catedrático ha criticado que la propuesta mantenga la vigilancia de la solvencia en Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros al tiempo que se centraliza la supervisión de la conducta en un órgano de nueva creación. «Esta solución puede acabar padeciendo los vicios de captura, descoordinación y deseconomías de escala», ha afirmado.
Fedea considera «preferible» que la supervisión prudencial de la solvencia estuviera encomendada al Banco de España y la CNMV se encargara de todo lo relacionado con la conducta, en ambos casos para todo tipo de entidades financieras. La Fundación ha criticado también el diseño del modelo de financiación de la Autoridad, que prevé una tasa de 250 euros por reclamación, independientemente de la resolución de esta (aunque este modelo ahora está a debate en el Congreso).
«Sería razonable establecer un sistema de financiación que motivase una conducta eficiente por ambas partes, entidades y clientes», ha defendido el catedrático de Fedea, que ha pedido que las tasas varíen en función del coste y el beneficio social que ocasiona la resolución de cada conflicto.
