El documento desarrolla dos alternativas metodológicas. La primera consiste en estimar para cada Comunidad Autónoma el déficit máximo compatible con una trayectoria de reducción de deuda hacia un valor de referencia del 13 por ciento del PIB. El análisis permite utilizar distintos ritmos de convergencia y escenarios. La segunda metodología define una senda de gasto autonómico vinculada al crecimiento tendencial de los ingresos no financieros. Un esquema similar se utiliza en Suiza con notable éxito. Las sendas de ingresos y, por consiguiente, de gasto permitido derivados de esta metodología muestran un claro comportamiento anticíclico.
En el caso de las Entidades Locales (EELL) el eje de la propuesta es mantener el grueso de la normativa ahora recogida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al tiempo que se introducen mejoras en la base de cálculo del gasto de referencia a efectos de la regla de gasto. Asimismo, proponemos estudiar fórmulas financieras para canalizar remanentes de EELL superavitarias hacia otras en elevado riesgo financiero, y reforzar la colaboración entre el Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas (CCAA) con competencias de tutela financiera.
El documento finaliza con un conjunto de propuestas de carácter institucional. En particular, aboga por la desaparición del CPFF y su sustitución por una renovada Comisión General de las CCAA en el Senado, reforzada con un staff técnico, y una bilateralidad efectiva entre el Estado y las CCAA con competencias de tutela financiera sobre las EELL.
Se aborda también la activación y desactivación de cláusulas de escape ante circunstancias excepcionales; el manejo de las cada vez más frecuente prórrogas presupuestarias para mantener la tensión de la disciplina fiscal; las sanciones y el coste político a derivar de los incumplimientos fiscales; la protección de determinados gastos públicos a través de las llamadas reglas de oro, que no consideramos tan convenientes como en el pasado; y sobre la posible condonación de deuda autonómica en manos del Estado, que creemos necesaria para garantizar un acceso pleno de las CCAA a los mercados de capitales pero discrepando sustancialmente del proyecto presentado por el gobierno en 2025.
