Los investigadores del think than, Conde-Ruiz y Lahera Forteza, abogan por introducir una mayor flexibilidad en las jornadas de trabajo en su publicación ‘Retos Futuros del Mercado de Trabajo en España’ publicado este lunes. Entre otras opciones, comprenden la reducción de los horarios en los que se desempeña la actividad profesional, como la jornada de cuatro días o 32 horas que centró una de las principales propuestas electorales de la actual ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz. Sin embargo, los economistas rechazan hacerlo por «imposición legal», como propone la líder de Sumar y señalan a la negociación colectiva -entre representantes de los trabajadores y de la empresa- o la individual como escenarios idóneos para introducir estos cambios.
«No está siendo, ni debe ser, el de la imposición legal», sino el de la adecuación a la productividad empresarial a través de la negociación colectiva o los pactos individuales con los trabajadores. «Una Ley que impusiera esta fórmula de forma obligatoria y generalizada iría en contra de la heterogeneidad productiva, con muy probablemente el efecto indeseado de reducción de salarios en los sectores con menor capacidad de adaptación a este sistema», advierten en el texto. Una fórmula que casa con la propuesta de los socialistas y de la que es partidario el ministro Escrivá.
Este es solo uno de los comentarios del texto, en el que incluyen diferentes propuestas. Los expertos consideran que hay aspectos mejorables en la reforma laboral pactada de 2021 que contribuirían a que la caída de la temporalidad «contractual» viniera acompañada de una disminución real de la precariedad y la inestabilidad laboral. Fedea propone mejorar la certidumbre y seguridad jurídica tanto en la contratación laboral como en la extinción del contrato, así como la introducción de un sistema de cuentas individuales para todos los trabajadores.
Fedea reconoce que la reforma laboral está acercando a España «rápidamente» a la media europea de contratos temporales y está siendo «la más efectiva» para reducir la temporalidad contractual de todas las reformas llevadas a cabo hasta la fecha en países con problemas similares. Sin embargo, aprecia elementos «preocupantes», como el estancamiento de la temporalidad en el sector público y la aparición de «indicios» de que la caída de la temporalidad contractual no está viniendo acompañada, del todo, de una reducción de la precariedad laboral real.
«Hay un segmento de los trabajadores que, a pesar de que su contrato ahora tiene la etiqueta de indefinido, sigue siendo muy precario cuando miramos al número de días trabajados, a su salario, al tipo de jornada y a los elevados periodos de inactividad que presentan», avisa Fedea. Por ello, concluyen que es necesario introducir estas reformas para que España pueda afrontar con éxito en las próximas décadas los retos de la revolución digital y el envejecimiento poblacional.
Entre las mejoras del marco laboral que proponen los autores, se encuentra la de dar mayor certidumbre y seguridad jurídica en la contratación laboral, pues las nuevas reglas de contratación que introdujo la reforma de 2021 «están generando problemas de inseguridad jurídica que necesitarían una aclaración normativa o una jurisprudencia rápida». Estos problemas, explica Fedea, se concentran en la frontera entre los nuevos contratos temporales de circunstancias de la producción y las distintas modalidades de fijos-discontinuos creadas con la reforma de 2021. Por ello, reclama una nueva intervención legal, en lo posible acordada, para despejar algunas dudas interpretativas entre ambos contratos.
También creen que es necesaria una mayor certidumbre y seguridad jurídica en las causas objetivas económicas, organizativas, técnicas o de producción del despido, así como una mejora del procedimiento de extinción colectiva (ERE), que ahora computa trabajadores en cada centro de trabajo y en toda la empresa. En este sentido, Fedea plantea que una posible solución a estos problemas podría ser la de extender a otros sectores el modelo que ha adoptado el sector de la construcción de un contrato indefinido con extinciones objetivas claras.
Así, aboga por o bien ofrecer cobertura legal expresa a la negociación colectiva sectorial estatal para adaptar la extinción objetiva de los contratos indefinidos a las singularidades de cada sector, dando naturaleza dispositiva a las causas organizativas, técnicas y productivas, o bien extender legalmente a otros sectores que lo soliciten el acuerdo social estatal alcanzado en el sector de la construcción. En cuanto al procedimiento del despido colectivo, Fedea considera que habría que seguir la directiva europea que establece que la regulación ha de girar alrededor de extinciones por cada centro de trabajo y no en toda la empresa, con los umbrales allí definidos.
