En un artículo elaborado por su director adjunto, Ángel de la Fuente, Fedea señala que, si funcionan como se espera, los incentivos a la jubilación demorada y la reforma del sistema de cotización de los autónomos podrían suponer «un alivio apreciable para las cuentas del sistema público de pensiones a corto y medio plazo, pero no a largo». De hecho, según sus cálculos, el ahorro neto generado por estas medidas alcanzaría un punto de PIB a comienzos de la próxima década y se iría reduciendo después, convirtiéndose en negativo a partir de 2050. Su valor esperado en promedio durante el periodo 2022-50 sería un ahorro de medio punto del PIB.
Para Fedea, el análisis de impacto de los incentivos a la jubilación demorada y la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es de «particular interés», pues el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se apoya en sus proyecciones sobre el éxito y los efectos de estas medidas para concluir que el impacto neto del conjunto de la reforma sobre las cuentas del sistema de pensiones será manejable y no pondrá en riesgo su sostenibilidad financiera.
«Si la reforma del RETA y los incentivos a la jubilación demorada funcionan tan bien como se expone, lo que ciertamente no está asegurado, su rápido despliegue durante los próximos diez años se traduciría en apreciables incrementos de ingresos y reducciones de gasto que llegarían a tener un impacto neto positivo de algo más de un punto de PIB en 2032 y 2033. A partir de ese momento, los ingresos se estabilizarían y los gastos comenzarían a crecer rápidamente hasta igualarse a los ingresos en torno a 2050. De ahí en adelante, el efecto neto de estos componentes de la reforma sería negativo», apunta Fedea.
Las estimaciones que realiza De la Fuente en este informe, el segundo de una serie que irá publicando para analizar los efectos de las reformas de pensiones adoptadas en esta legislatura, se basan «en hipótesis todavía optimistas, aunque no tanto como las del Ministerio», sobre la incidencia de la jubilación demorada.
Según Fedea, ésta alcanzaría el 100% en un plazo de 10 años con una demora media de un año, frente al 60% con una demora media de tres años proyectada por el Ministerio.
En cuanto a los efectos de la reforma del RETA, Fedea supone, al igual que el Ministerio, que la cotización media de los trabajadores autónomos se equiparará gradualmente a la del Régimen General en un plazo de 10 años. Para la Fundación, esto «podría ser difícil de conseguir dada la previsible resistencia de este colectivo a lo que supondría una fuerte subida de sus cotizaciones». Fedea reprocha en este informe las «deficiencias» en la documentación técnica de las distinta reformas de pensiones aprobadas en esta legislatura.
Para evitar problemas de este tipo en el futuro, Fedea propone que una de las tareas de la Agencia prevista en la nueva Ley de evaluación de políticas públicas sea la de filtrar las memorias de las normas con mayor impacto presupuestario para asegurarse de que éstas cumplen «unos estándares mínimos de claridad y competencia técnica».
En su presentación de la Fuente indica que ha analizado las implicaciones financieras para el sistema público de pensiones de los nuevos incentivos para el alargamiento voluntario de las vidas laborales y de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos. Mis estimaciones sugieren que, si ambas reformas funcionan bien, su efecto conjunto podría contribuir significativamente a mitigar el deterioro de las cuentas del sistema público de pensiones a corto y medio plazo, pero no a largo plazo. El ahorro neto alcanzaría un punto de PIB a comienzos de la próxima década y se iría reduciendo después, convirtiéndose en negativo a partir de 2050. Su valor esperado en promedio durante el período 2022-50 sería de medio punto de PIB, un alivio apreciable pero insuficiente para evitar que el déficit del sistema de pensiones se dispare en las próximas décadas en ausencia de medidas adicionales. El trabajo llama la atención sobre las deficiencias de la documentación técnica que acompaña, o debería haber acompañado, a las normas mediante las que se ha implementado la reforma del sistema de pensiones. Para evitar problemas de este tipo en el futuro, se propone que una de las tareas de la Agencia prevista en la nueva ley de evaluación de políticas públicas sea la de filtrar las memorias de las normas con mayor impacto presupuestario para asegurarse de que cumplen unos estándares mínimos de claridad y competencia técnica
