En un informe publicado este lunes, Fedea plantea que, las tendencias demográficas auguran una pirámide poblacional invertida en España para los próximos 30 años. La alta esperanza de vida, el descenso del número de nacimientos y una mayor tasa de dependencia anticipan un cambio radical de la estructura demográfica.
Pese a ello, Fedea señala que la idoneidad y la naturaleza del sistema de pensiones establecido en los 60 y los 70 no han sido nunca realmente cuestionadas. «Se han sucedido numerosas reformas, que, pretendiendo reducir la generosidad, en realidad no han resuelto el problema, ni tampoco abordado el encaje entre el mercado de trabajo y el sistema de pensiones, en un contexto donde el balance entre jóvenes y mayores cada vez se decanta más a favor de estos últimos», apuntan desde la Fundación.
En el informe se plantea que, dado que la reforma de 2021-23 se apoya en una expansión del gasto no acompañada de un aumento equivalente del ingreso, una opción sería plantear ajustes en términos reales a la actual configuración de la reforma. «Para que el ajuste sea viable, es necesario que las pensiones ya existentes no pierdan poder adquisitivo y que las nuevas pensiones continúen aumentando en términos reales, aunque menos que los salarios», ha sugerido la Fundación.
En este sentido desde Fedea señalan que una medida que reduciría la generosidad del sistema de pensiones sin incumplir esta condición consistiría en limitar el traslado del crecimiento real de los salarios a las futuras pensiones. Esto se podría conseguir, según sugieren, introduciendo un factor corrector basado en el crecimiento de los salarios reales y la actualización de las bases de cotización en el cálculo de la base reguladora de las nuevas pensiones. «Dicha corrección contribuiría a reducir progresivamente la generosidad futura de nuestro sistema de pensiones y a solventar parcialmente la insuficiencia financiera sobrevenida con la actual reforma».
En lo que respecta a la relación entre mercado de trabajo y pensiones, la Fundación considera que «hay mucho margen de mejora» ante el aumento de la longevidad y el de nivel de educación de los trabajadores españoles.
En este sentido, Fedea propone la extensión de la jubilación activa a todas las edades –con restricciones antes de la edad normal y sin restricciones después de la misma– y la mejora en el tratamiento de la jubilación demorada, haciéndola actuarialmente más justa, ya que el beneficio para la sociedad no proviene exclusivamente de la mejora de las cuentas de la Seguridad Social, sino también del mayor empleo de los mayores que, dado que éstos no compiten con trabajadores más jóvenes, redunda en un aumento del empleo total y, por ende, del PIB de la economía española.
«Este efecto de aumento del empleo y el PIB se minimiza con demasiada facilidad en la evaluación de las reformas del sistema de pensiones que afectan a las decisiones de trabajo y ocio de los trabajadores en edad avanzada», han señalado.
