Las otras 12 comunidades, ya que País Vasco y Navarra quedan fuera de la ecuación por tener sistemas fiscales propios, anotaron beneficios netos; es decir, recibieron más de lo que aportaron. Andalucía (4.900 millones), Canarias (3.700 millones) y Galicia (2.500 millones) fueron las principales favorecidas.
El sistema de financiación, en esencia, trata de redistribuir los recursos entre los territorios para que aquellos con una mayor capacidad fiscal, por ejemplo Madrid, contribuyan a costear los servicios públicos que la Administración debe ofertar y asumir en aquellas zonas con menor músculo financiero, por ejemplo Canarias. El análisis concluye que el sistema de financiación aporta a las regiones de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de casi 20.000 millones de euros. Estos recursos provienen del Estado (que da unos 11.000 millones de euros) y de las tres comunidades con mayor renta per cápita, que introducen casi 9.000 millones al fondo.
Estas aportaciones suponen en torno al 8% de los ingresos tributarios autonómicos en Cataluña y Baleares, y casi un 25% de los de la Comunidad de Madrid. En el caso de los territorios receptores los ingresos por esta vía exceden el 20% de los ingresos tributarios homogéneos en nueve casos y son particularmente importantes en Canarias, donde suponen una cantidad mayor que su recaudación, el 110%.
El sistema de financiación autonómica y su reforma, pendiente de abordarse desde hace casi 10 años, ha vuelto al debate público tras el ajustado resultado del 23J y de los pactos políticos que serán necesarios que se revalide el Gobierno de coalición. Detrás de la polémica se encuentran las peticiones de los partidos catalanes, a las que se han sumado otras comunidades que reclaman participar en la hipotética reforma de un sistema que se reformuló en 2009 –con vistas a actualizarse en 2014– y cuyo diseño se mantiene intacto aún hoy en día.
Los ingresos de las regiones el actual esquema proviene de la recaudación de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y de sus participaciones en una serie de fondos que canalizan transferencias estatales hacia los gobiernos regionales y redistribuyen recursos entre ellos. El más importante es el llamado Fondo de Garantía (de Servicios Públicos Fundamentales), que se nutre con un 75% de los ingresos tributarios teóricos o normativos de las comunidades autónomas y con una aportación adicional del Estado.
Estos recursos se reparten mediante una fórmula de necesidades de gasto que cuantifica los recursos que se consideran necesarios en cada región para financiar un nivel uniforme de servicios públicos, como sanidad o educación. Para determinar las cuantías que deben llegar a cada autonomía se utiliza la variable de población ajustada, un modelo que sustituye a la población real de cada territorio y que tiene en cuenta características como la densidad demográfica o el número de habitantes en edad escolar o mayor de 65 años. Al Fondo de Garantía se le unen otros como el Fondo de Suficiencia (Global) y los Fondos de Convergencia Autonómica, que se financian con recursos del Estado y tienen menos importancia.
Pese al espíritu, el sistema de financiación arroja importantes diferencias entre regiones. Tras los ajustes realizados por Ángel de la Fuente, los datos confirman que hay territorios mucho mejor posicionados que otros, con brechas que superan los 700 euros por habitante. El que mejores cifras registra es Cantabria, con una financiación efectiva por habitante ajustado de 3.417 euros en 2021. Son casi 730 euros más por persona que Murcia, el peor financiado de todos con 2.691 euros per cápita.
De media, cada región española recibió en 2021 un total de 2.963 euros por habitante, cifra por debajo de la cual solo se sitúan cuatro comunidades autónomas. Además de Murcia, que está a 272 euros de dicha marca, se encuentran en este grupo Comunidad Valenciana (233 euros menos por persona), Andalucía (170 euros menos) y Castilla-La Mancha (149 euros menos), las zonas que presentan históricamente peores cifras. En la parte alta de la tabla suelen estar, junto a Cantabria, Baleares, La Rioja y Canarias. Madrid y Cataluña, que son contribuyentes netos, recibieron del sistema unos 3.000 euros por habitante en 2021.
