En este sentido, sostiene que esta estrategia de intervención pública, que ha aumentado notablemente en los últimos años, ha restringido más la contratación privada a la vez que aumentaban los precios y las dificultades de buena parte de la población para encontrar vivienda. A las puertas de unas elecciones generales, aboga por modificar los fallos de la política que han dado lugar a medidas muy «discutibles», como las adoptadas por el Gobierno: desde el tratamiento de la ‘okupación’, a la derogación de la cláusula contractual de actualización de rentas o la propia Ley de Vivienda. También critica algunas de las medidas promovidas por la oposición, como los avales públicos para el pago de la entrada de una primera vivienda en propiedad.
Los expertos de Fedea demandan una planificación urbana orientada a asegurar que haya suelo disponible para construir vivienda. En este sentido, recomiendan matizar las «exageraciones conservacionistas» y aliviar la sobrecarga fiscal que hoy sufre la construcción, en especial sobre el suelo. También lamenta las variaciones de la tributación entre las distintas comunidades autónomas.
Con respecto a la nueva Ley de Vivienda, entiende que las medidas que recoge no alivian las dificultades del mercado, ya que, por ejemplo, eleva diez puntos los coeficientes de reserva de suelo -un aumento que encarece notablemente la construcción-, y provoca efectos adversos sobre la oferta privada de alquiler, agravando los problemas que se buscan resolver y restringiendo la oferta.
Para facilitar la actuación del mercado, esta nueva política debería contemplar iniciativas dirigidas a expandir la oferta de vivienda, tanto de nueva construcción como ya existente. Para ello, se recomienda racionalizar la estructura tributaria que pesa sobre la vivienda, con la finalidad de reducir paulatinamente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones. Además, pide restaurar la seguridad jurídica del derecho de propiedad al nivel de los demás países europeos, tanto en lo relativo a limitaciones administrativas para la promoción y construcción como, con carácter urgente, en materias de ‘okupación’ y desahucio.
También recomienda recuperar el régimen de libertad contractual en el arrendamiento de vivienda, derogando las limitaciones de plazo y demás condiciones que hoy restringen ineficientemente el mercado y expulsan del mismo a los más vulnerables. En materia de alquiler, denuncia la tolerancia con la ocupación ilegal de la vivienda, los precios máximos o el tratamiento discriminatorio de los arrendadores de mayor tamaño, unas medidas que desaniman la contratación y causan un perjuicio a los propietarios y a los potenciales inquilinos, especialmente los más jóvenes.
