De esa manera se posibilitaría el sostenimiento del sistema, hoy en cuestión. Para compensar a esos jubilados habría que fijar un tope máximo no muy grande a la pérdida acumulada de poder adquisitivo. En estos términos se ha expresado ,el director ejecutivo de Fedea, De la Fuente, durante la conferencia inaugural del Congreso Nacional de Economistas y Auditores
Tras la última reforma de pensiones, con José Luis Escrivá como ministro, el IPC ha vuelto a tomarse como indicador de referencia para establecer cuánto aumentan las pensiones contributivas año a año.
Desde el punto de vista de De la Fuente, este sistema «va en la dirección equivocada» porque acerca peligrosamente la pensión media al salario medio y en el caso de las nuevas pensiones medias del régimen general incluso se sitúan por encima del salario medio. «Cuando los jubilados cobran más que los trabajadores en activo es peligroso», ha sentenciado.
Su advertencia no tiene que ver tanto con la creencia de que el sistema vaya a quebrar, como con el peligro de que se acabe empleando demasiado dinero de las cuentas del Estado a la brecha entre los ingresos por cotizaciones (que se emplean para pagar las pensiones) y el gasto en estas prestaciones. Esto podría poner en riesgo inversiones futuras u obligar a desatender otras partidas. «Cada trabajador ocupado tiene que contribuir con 2.500 euros para tapar o cerrar la brecha de la Seguridad Social y similares. Es bastante dinero y será más en el futuro», ha advertido el experto.
El experto también ha llamado a ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida, apuesta por volver a emplear toda la vida laboral para calcular el retiro, por controlar el aumento de las pensiones (tanto para los pensionistas actuales como para los futuros) y por avanzar hacia un sistema de pensiones tipo sueco o de cuentas nocionales.
Fedea calcula que serán necesarios recursos adicionales del Estado hasta el año 2050, coincidiendo con los años en los que se incorporarán al sistema de pensiones la generación del ‘baby boom’, pero ha reclamado que se haga de la forma más equitativa y «lo más transparente posible». Así, De la Fuente propone que la inyección de esta financiación para pagar las pensiones del futuro venga de un recargo sobre la tarifa estatal del IRPF, que es el impuesto más justo que tiene el sistema tributario español porque «lo pagamos todos».
