En esta ocasión, el trabajo ha sido preparado por Durán Cabré, de la Universitat de Barcelona y el Institut d’Economia de Barcelona. El autor considera que el pacto entre el PSC y ERC en el que se recoge esta propuesta es un documento político, redactado en términos muy genéricos, sobre aspectos en los cuales resulta fundamental conocer los detalles técnicos para valorar el verdadero alcance y posible impacto de la reforma. El acuerdo actual, por lo tanto, permite lecturas e interpretaciones diversas, que sin duda deberán concretarse.
El estudio se centra en el análisis de los aspectos que podemos decir son más “dispositivos” del acuerdo (páginas 6 a 9) y, en particular, las cuestiones que guardan relación con la autonomía fiscal y la rendición de cuentas. El acuerdo prevé un sistema nuevo de financiación autonómico para Cataluña en el marco de una negociación bilateral con el Estado. No obstante, este pacto se tendrá que concretar de acuerdo con el marco legal previsto en la actualidad, por lo tanto, en ámbitos multilaterales. De hecho, esto ya ha sucedido en reformas pasadas.
En todo caso, el sistema de financiación autonómica debe reformarse y un objetivo prioritario debe ser hacer más visible la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, a fin de mejorar la rendición de cuentas ante sus ciudadanos. Los ciudadanos españoles creen mayoritariamente que los impuestos se pagan al gobierno central, sin saber que buena parte también se pagan a las comunidades autónomas (CCAA). No es baladí saber a quién pagamos, ni tampoco lógicamente cuánto pagamos. España tiene que cumplir con unos compromisos de sostenibilidad de las finanzas públicas. Reforzar la responsabilidad fiscal de las CCAA debe coadyuvar en la consecución de estos objetivos.
El gran peso recaudatorio del IRPF, su funcionamiento como impuesto periódico directo y el elevado número de contribuyentes aconsejan que sea la figura clave en autonomía tributaria y responsabilidad fiscal de las CCAA. En todo caso, en el trabajo se plantean cambios para reforzar su papel, como que las CCAA puedan regular las retenciones del trabajo y que todas las retenciones se desdoblen en un tramo estatal y otro autonómico. Además, deben aprovecharse los avances tecnológicos para establecer un nuevo sistema de comunicación a fin de que los ciudadanos sepan cuánto pagan por el impuesto y a qué niveles de gobierno pagan.
Si bien el IVA tiene un elevado peso recaudatorio, existen restricciones legales derivadas de la armonización comunitaria y de cómo debería modificarse el funcionamiento del impuesto para asignar poder normativo a las CCAA, que dificultan su papel en términos de responsabilidad fiscal. La descentralización del impuesto sobre sociedades también presenta complicaciones a tener presente antes de atribuir poder normativo a las CCAA.
La reforma no puede suponer que el cumplimiento de los impuestos sea más costoso para los contribuyentes ni para la administración. Esto resulta de aplicación para Cataluña, pero también para todas las comunidades. Una reforma que establezca un sistema de financiación autonómica más claro y transparente, que haga más visible la responsabilidad fiscal de las CCAA frente a sus ciudadanos y que permita disponer de los recursos necesarios para financiar sus políticas de gasto representaría una mejora en la organización institucional de España.
