Tomando como base las proyecciones del Informe de Envejecimiento de la Unión Europea de 2021 y sus estimaciones sobre el impacto de las reformas de pensiones adoptadas en esta legislatura, Fedea calcula que, en ausencia de medidas adicionales, el gasto en pensiones alcanzará en 2050 el 17,8% del PIB, porcentaje que supera en 2,5 puntos el previsto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Esta cifra del 17,8% del PIB, que superaría la media de la UE-27 en 5,2 puntos, situaría a España a la cabeza de los países europeos en gasto en pensiones, de forma que estaría 1,6 puntos por delante de Italia, en segunda posición.
El incremento del gasto, que no se vería suficientemente compensado por los ingresos, llevarían a que el déficit básico del sistema (es decir, antes de las transferencias de Estado) se situara en 2050 en el 6,3% del PIB, «absorbiendo el 52% de los ingresos tributarios netos del Estado», según Fedea.
En promedio, la Fundación estima que el déficit básico del sistema será del 4,4% del PIB entre 2022 y 2050, lo que supone el 100% de los ingresos netos del Estado por IRPF y el 37% de sus ingresos netos totales, excluyendo las participaciones de las administraciones territoriales.
Con estas cifras, avisa Fedea, la cláusula de salvaguarda del MEI se activaría «de forma inmediata, exigiendo un incremento de los tipos de cotización de entre 3 y 4 puntos en cinco años». No obstante, la Fundación señala que este ajuste dejaría al sistema público de pensiones con un déficit básico «todavía muy importante», del 3,2% del PIB en promedio entre 2022 y 2050 y en torno al 5% en 2050″.
«Estos resultados ponen en cuestión la lógica de una reforma que necesitaría correcciones importantes desde el mismo momento de su aprobación, así como el diseño del mecanismo de corrección, con una condición de activación poco transparente y compatible con un déficit básico todavía muy elevado», apunta Fedea.
Exceso de gasto en pensiones del 0,93% del PIB
En el tercer y último informe de la serie que ha dedicado el director adjunto de Fedea, de la Fuente, a analizar los efectos presupuestarios de la reforma del sistema de pensiones, el organismo recuerda que el Gobierno introdujo en la última reforma de pensiones una cláusula de salvaguarda dentro del MEI que, en última instancia, obliga a subir cotizaciones para evitar que el déficit del sistema se dispare.
Esta cláusula se activa si el gasto medio previsto en pensiones públicas supera la suma del 15% del PIB y el exceso de ingresos extra por encima del 1,7% del PIB generado por las medidas de ingreso adoptadas desde 2020.
Si esto se cumpliera, el Gobierno estará obligado a tomar medidas para corregir gradualmente el exceso previsto de gasto. Así, en el plazo de un mes deberá elaborar un listado de posibles medidas correctoras y pedirle a la AIReF que prepare un informe cuantificando su impacto.
En base a ese informe, el Gobierno negociará con los agentes sociales un plan de ajuste que deberá remitir como proyecto de ley al Parlamento para su entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente. Si la ley con medidas correctoras no se aprobase en el plazo previsto, el tipo de cotización adicional del MEI se aumentaría de inmediato para compensar un 20% del exceso de gasto previsto.
Fedea comprueba en este informe que la cláusula de salvaguarda del MEI se activaría desde ya con las proyecciones del Informe de Envejecimiento de la UE de 2021 y sus estimaciones sobre el impacto de la reforma de pensiones, pues calcula que, en un escenario central, el exceso esperado de gasto sería del 0,93% del PIB.
Para corregir esta desviación, sería necesario subir los tipos de cotización entre 3 y 4 puntos en cinco años, lo que no impediría que el sistema mostrara todavía un déficit básico del 3% del PIB. A diferencia de los argumentos de Fedea, los cálculos del Ministerio de Inclusión apuntan a que la cláusula de salvaguarda del MEI no se activaría por el momento y no sería necesario, por tanto, aumentar las cotizaciones sociales.
«En ausencia de cambios importantes, lo previsible es que la próxima edición (del Informe de Envejecimiento de la UE) obligue a activar el mecanismo corrector del MEI, sólo dos años después de la aprobación de una reforma supuestamente diseñada para garantizar la sostenibilidad del sistema», sostiene Fedea.
Por contra, el Gobierno considera que algunas de las hipótesis del Informe de Envejecimiento de 2021 son excesivamente pesimistas y deberían revisarse al alza en la próxima edición, lo que dejaría un margen mucho mayor antes de la activación de la cláusula de salvaguarda.
Para Fedea, sin embargo, los resultados de su estudio «confirman y refuerzan el mensaje sobre la necesidad de una política de pensiones más cauta».
