La advertencia la han lanzado este jueves la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) que instan al Gobierno a aplicar medidas de control del gasto público, con las pensiones en el foco, y para mejorar la eficiencia en la gestión de las administraciones públicas.
Por el lado de los ingresos, donde ven menos margen de actuación por la elevada presión fiscal que ya soporta, a su juicio, la economía española, sí que apuestan por abordar una reforma fiscal integral. Esta debería centrarse en ampliar las bases tributarias, eliminar los tipos reducidos de IVA y el sistema de módulos por el que tributan los autónomos y pymes, por primar aquellos impuestos medioambientales que contribuyan a la transición energética y por intensificar, además, la lucha contra el fraude fiscal.
Existe una «evidencia demoledora» en la economía española y es comparar cómo han evolucionado entre 2008 y 2023 el PIB per cápita (un indicador muy fiel de la productividad y del desarrollo económico) y el gasto per cápita corriente. José Emilio Boscá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia e investigador asociado de Fedea, explica que mientras que los ingresos per cápita apenas ha avanzado un 3,8% acumulado en ese periodo, el crecimiento del gasto per cápita corriente -que excluye los intereses de la deuda y la inversión- se ha disparado un 24,6%.
Desde su punto de vista, es «insostenible» financiar todo ese incremento del gasto vía deuda. En economías como la española, la consolidación fiscal debería llevarse a cabo con medidas sobre los ingresos y gastos públicos «que no dañen el tejido productivo», aplicándolas al mismo tiempo que se acometen reformas estructurales y de mejora de la eficiencia de las administraciones públicas que permitan incrementar el crecimiento potencial de la economía. Guillermo, director de Estudios y Economía de Foment del Treball Nacional y consejero del Consejo Superior de Estadística en representación del CGE, ha puesto el foco en los Presupuestos Generales del Estado de 2024, actualmente en elaboración. Así, ha puesto en valor su importancia desde el punto de vista político, al ser los primeros presupuestos de la legislatura. Advierte de que «la presión para su aprobación va a ser más elevada» y, a la vez, están las tensiones que se producen hacia la sostenibilidad a medio plazo de las finanzas públicas. Estas vienen dadas, por un lado, por las tensiones que sobre el gasto se derivarán del envejecimiento de la población, así como por un gasto en pensiones asociado a un sistema de reparto ante la jubilación de la generación del ‘baby boom’ las próximas décadas.
Está, además, el incremento del coste de la deuda derivado de la subida de los tipos de interés con un nivel de deuda pública que habría despedido el año pasado en el entorno del 108,1% PIB; así como que la presión fiscal que ya soporta la economía española le deja un nulo margen de maniobra debido a la mayor presencia de la economía sumergida. Por último Guillermo apunta a la necesidad de mejorar la eficiencia en la gestión del gasto público, siendo esta «la asignatura pendiente en la gestión del presupuesto público en los próximos años».
Los expertos de Fedea y del CGE consideran que España debe aprovechar el nuevo diseño de las reglas fiscales europeas para devolver las cuentas públicas a una senda sostenible. Sólo así será posible un crecimiento más vigoroso y sano en el largo plazo. El presidente del Consejo, Valentín Pich, ha puesto el foco en la necesaria revisión del déficit estructural, más aún ante las previsiones que enfrenta la economía española y el punto de partida desde el que las abordará: un desequilibrio en las cuentas públicas que se situará en el entorno del 3% del PIB a cierre de este ejercicio y una deuda pública que debe reconducirse en función de lo que marque el nuevo diseño del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
