Entre estas propuestas destaca la imposición de pulseras geolocalizables a todos los “pirómanos” condenados –como sucede con los agresores sexuales– y una serie de “criterios objetivos y transparentes” para la movilización de todos los recursos de las administraciones públicas, incluido el Ejército, ante “crisis nacionales de incendios” como la acontecida en las últimas semanas. El movimiento del PP se produjo a tan solo 24 horas de que el Consejo de Ministros apruebe sus primeras medidas para los damnificados por el fuego, y Feijóo se abrió sin mucho optimismo a un acuerdo con el PSOE.
“Veremos mañana las medidas del Gobierno central y podremos hacer una valoración de las suyas y de las nuestras, a ver si por lo menos somos útiles en las próximas semanas”, afirmó al ser preguntado por el eventual pacto de Estado que persigue el presidente del Gobierno, Sánchez.
Feijóo dijo querer inhibirse del “ruido” político, pero responsabilizó al Gobierno de la virulencia del fuego para alejar el foco de la gestión de los gobiernos autonómicos del PP, y se jactó de que ha visitó las zonas calcinadas antes que Sánchez. El gallego asumió en hasta tres ocasiones que ha existido “un problema de prevención y de planificación de un verano” cuyo riesgo era “evidente” por “las toneladas de masa forestal instalada en los montes y en los bosques españoles” a consecuencia de las lluvias de primavera.
Sin embargo, esta es una competencia de las autonomías, cuestión que el dirigente popular eludió. “Cada uno tiene que asumir las responsabilidades que le corresponden. Por supuesto, los presidentes autonómicos darán cuenta de sus responsabilidades y les puedo asegurar que han trabajado todos los medios desplegados en el territorio, tanto en Galicia como en Castilla y León y Extremadura, hasta la extenuación. Y le agradezco a los presidentes autonómicos que intervinieran antes que Protección Civil”, respondió ante las preguntas de los periodistas.
Esta es la principal crítica de los populares al Gobierno: la falta de medios estatales y la lentitud en su despliegue. Según Feijóo, fueron las propias comunidades del PP las que se coordinaron entre sí para facilitar recursos a los territorios afectados en los primeros instantes de la catástrofe, mientras que el Gobierno tardó “10 días” en movilizar recursos extraordinarios al margen de la UME.
Además, incidió en que el Gobierno acumula cinco años de retraso en la creación de un inventario con todos los recursos del Estado disponibles en los tres niveles de la administración para atender emergencias, al tiempo que ha mantenido la situación de nivel operativo de Protección Civil en el nivel 1 en vez del 2, ha dejado a las autonomías fuera del Cecodi, y se ha enfrentado a esta ola de incendios con “menos medios operativos aéreos en esta campaña que en la anterior”.
“Creo que el presidente del Gobierno tenía que ponerse al frente a esa crisis. Es evidente que la competencia es de la comunidad autónoma y la ha ejercido, pero el despliegue de medios nacionales, incluido el Ejército y no solo la UME, y el despliegue de medios internacionales le corresponde exclusivamente al Gobierno de España. Y entiendo que el Gobierno llegó tarde”, añadió Feijóo, quien insistió así en que el Ejecutivo debió implicarse más sin la necesidad de declarar la emergencia nacional, lo que dejaría toda la gestión en manos del Ministerio del Interior.
En este contexto, Feijóo justificó “reglar, objetivar y transparentar de forma rápida cuáles son los criterios de movilización de todos los medios que disponen las comunidades autónomas y la Administración General del Estado”, incluidos los bulldozers, retroexcavadoras, los vehículos nodriza y los helicópteros del Ejército. Y replicó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que “el Ejército está para intentar proteger las vidas de los ciudadanos” después de que la responsable de las Fuerzas Armandas elevase el tono contra los presidentes autonómicos del PP. “El despliegue del Ejército no debería de pedirlo el jefe de la oposición, debería de ser una instrucción inmediata del presidente del Gobierno. Y si el presidente del Gobierno no da esa instrucción, la ministra de Defensa debería de solicitar autorización al presidente del Gobierno para desplegarlo. Si la ministra de Defensa ha actuado de forma tardía y arrastras será su responsabilidad”, expuso Feijóo.
“¿Qué le explicamos a la gente? ¿Que usted tiene medios para vigilar los montes y no los utiliza? ¿Que usted tiene maquinaria pesado y no lo utiliza?”, añadió el líder del PP en un momento en el que varios presidentes autonómicos de su partido están señalados por mantener parados algunos recursos, incluidos estatales.
Al margen de la confrontación política, Feijóo presentó su plan de 50 medidas y advirtió de que “todavía quedan semanas muy difíciles”, llegando “incluso a octubre”.
Para prevenirlos, propuso crear “un registro nacional de pirómanos para identificar a los condenados por incendios, e imponer pulseras telemáticas, especialmente durante los meses de mayor peligro de incendios forestales”; y aprobar una nueva Ley de Coordinación de Servicios de Gestión de Incendios y Salvamento para “aprovechar de manera inmediata y eficaz las capacidades de los 20.000 bomberos que hay en los más de 120 servicios en España”.
Asimismo, el PP apuesta en su plan por modificar la Ley de Montes del Estado para “flexibilizar” los aprovechamientos y las agrupaciones forestales, y los cambios de uso forestal “cuyo fin sea la prevención y facilitar la extinción de incendios forestales”; acordar “una PAC fuerte que incentive las prácticas agrícolas que mantienen limpios y seguros nuestros montes”; incrementar las plantillas del Seprona; e “incentivar la gestión forestal” a nivel autonómico y local. “El monte que se utiliza arde menos”, señala el documento de 12 páginas remitido a los medios de comunicación.
Para la recuperación inmediata de las zonas afectadas, la oposición pide al Gobierno que apruebe urgentemente un paquete de ayudas por daños personales o de enseres, incluida la vivienda habitual y los establecimientos industriales. “Que nadie se quede sin sus viviendas”, dijo Feijóo. Del mismo modo, los populares reclaman al Gobierno que aporte a municipios y comunidades el 100% de los gastos en realojo, limpieza y seguridad; solicite de forma “inmediata” el Fondo de Solidaridad de la UE “sin esperar al último día, como en la dana”; y se reúna con el sector de las aseguradoras para “reducir al máximo la burocracia y hacer más ágil la evaluación de daños y el desembolso de indemnizaciones”.
A medio plazo, el PP exige al Gobierno que no haga “caja” con la tragedia, libre de impuestos las ayudas, subvenciones, indemnizaciones o préstamos públicos que los afectados reciban durante los próximos meses, y apruebe exenciones y moratorias en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social por los daños sufridos o pérdidas de actividad.
El PP también quiere que se abra una línea específica de apoyo a autónomos vinculados al turismo, “para reactivar la economía local y poner en valor el patrimonio natural y cultural de las zonas afectadas”; facilitar fiscalmente el apoyo directo de empresas y particulares a proyectos de recuperación, “ganando agilidad en la decisión y garantizando una deducción o rebaja en el impuesto correspondiente (IRPF o Sociedades)”.
50 medidas del plan integral de ayuda, recuperación y prevención del PP para el medio rural y forestal
Local y autonómico
Alojamiento digno a los damnificados y puesta a disposición de medios de extinción adicionales.
Refuerzo de seguridad en las zonas temporalmente evacuadas para evitar robos.
Creación de oficinas móviles de atención a los perjudicados y teléfonos para consulta y tramitación de ayudas para empresas y particulares.
Ayudas para la alimentación de ganado, al abastecimiento de agua y a la reposición de reses.
Refuerzo de la cobertura de las redes de telefonía.
Declaración de las zonas afectadas como espacios de Actuación Especial para la Restauración Forestal y Medioambiental y articular fondos de emergencia para actuar sobre las pistas forestales y terrenos quemados.
Exención temporal de tasas e impuestos municipales y autonómicos para las localidades y empresas afectadas.
Programas excepcionales de empleo para limpieza de montes, reparación y reconstrucción de viviendas e incentivos a la reapertura de negocios.
Excepción de regulación autonómica, si existe, para garantizar el pago de la PAC el próximo año.
Activación del Mecanismo RED para las industrias o empresas.
Plan inmediato de demolición, desescombro y limpieza de zonas afectadas.
Impulsar proyectos de restauración forestal a medio y largo plazo.
Incentivar la gestión forestal con apoyo a la planificación y a los aprovechamientos sostenibles.
Reforzar los programas de formación profesional que preparen a los jóvenes para la gestión forestal y silvícola y la prevención de riesgos.
Dignificar la labor de los profesionales que trabajan en el monte.
Apoyar la cooperación ciudadana en la prevención, y detección de incendios y localización y detención de responsables y concienciar del riesgo de incendios.
A nivel nacional
Aprobar un paquete de ayudas por daños personales, destrucción o daños en enseres de primera necesidad, vivienda habitual y establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios y los turísticos.
Convocatoria inmediata del Consejo Nacional de Protección Civil y elaboración y aprobación del Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil.
Establecer criterios objetivos y transparentes para la movilización de todos los recursos de las administraciones públicas.
Presencia de las CC.AA. afectadas en el Centro de Conducción de la Defensa (CECOD).
Convocar a las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Transición Ecológica y Reto demográfico y al Consejo Agrario.
Reforzar la estructura de la UME.
Solicitud del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.
Ayudas del 100% a municipios y autonomías para cubrir gastos urgentes de realojo, limpieza y seguridad.
Reunión con el sector de las aseguradoras.
Líneas de financiación y avales, sin coste financiero, que garanticen la continuidad de la actividad económica de las explotaciones.
Ayudas del 100% a las corporaciones locales.
Priorizar la agilidad en los pagos sin necesidad de solicitud previa.
Añadir el componente «Incendios» en la Adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia de los Fondos NextGen.
Activar el mecanismo RESTORE para flexibilizar el uso de fondos estructurales.
Solicitar la activación de la reserva de crisis agrícola de la PAC.
Línea específica de apoyo a autónomos vinculados al turismo.
Facilitar el apoyo directo de empresas y particulares a proyectos de recuperación.
Aprobar exenciones y moratorias en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.
Garantizar que los afectados no paguen impuestos ni intereses por las ayudas, subvenciones, indemnizaciones o préstamos públicos.
Restaurar las zonas afectadas por los incendios forestales.
Crear un Registro Nacional de Pirómanos para identificar a los condenados por incendios, e imponer pulseras telemáticas, especialmente durante los meses de mayor peligro de incendios forestales.
Incrementar urgentemente las plantillas del SEPRONA.
Aprobar un paquete fiscal específico para el sector forestal y la actividad silvícola.
Crear un Fondo Forestal Nacional.
Incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que contribuyan al mantenimiento de los montes y la prevención de incendios en el Plan Estratégico de la PAC en España.
Impulsar la agricultura del carbono.
Garantizar medios suficientes para el refuerzo en la lucha antincendios mediante una dotación presupuestaria adecuada.
Modificar la Ley de montes del Estado.
Aprobar una nueva Ley de Coordinación de Servicios de Gestión de Incendios y Salvamento.
Financiación estatal para programas de I+D+i sobre prevención, detección y lucha frente a fenómenos climáticos extremos, gestión hídrica, reforestación, rehabilitación de suelos y aplicación de IA, interoperables con los de las CC.AA.
Medidas a nivel europeo
Movilizar la reserva rescEU (helicópteros, medios aéreos de extinción, refugios, apoyo sanitario y logístico) y coordinar con el Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias el despliegue de expertos en salud, seguridad, energía y logística.
Garantizar total transparencia sobre los importes concedidos y los plazos de desembolso de los fondos europeos.
Exigir en el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE (2028-2034) una dotación adecuada para el Mecanismo de Protección Civil de la UE y el refuerzo de medios en la reserva estratégica rescEU.
Acordar una PAC fuerte que incentive las prácticas agrícolas que mantienen limpios y seguros nuestros montes.
Reformar la regulación europea.
